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SUSCRIBITEEl ministro de Exteriores de España, José Manuel Albares, tomó la decisión luego de “graves e infundadas acusaciones contra España y sus instituciones”, informó la cancillería en un comunicado emitido el miércoles, “así como gruesas falsedades sobre procesos judiciales y electorales”.
Lo anterior en referencia a un comunicado emitido el martes por el gobierno del presidente nicaragüense Daniel Ortega, quien denunció “la cínica y continua intromisión, injerencia e intervención en nuestros asuntos internos, impropias de gobiernos democráticos”. Añadió que los gobiernos e instituciones españolas habían sido partícipes de “tanta falacia, encubrimiento, mentiras, delitos, crímenes de odio y lesa humanidad”, y que “incumplen continuamente con los derechos de sus pueblos a la autonomía o a procesos autonómicos de independencia”, al parecer refiriéndose a la postura de Madrid hacia el movimiento independentista catalán.
El gobierno español señaló que rechazaba la caracterización que el gobierno nicaragüense dio a sus políticas y se defendió diciendo que la nación centroamericana “atraviesa una profunda crisis política, económica y social” que estaba empeorando “como consecuencia del recrudecimiento de la represión por parte del gobierno del presidente Daniel Ortega”.
Nicaragua tiene previsto celebrar elecciones nacionales el 7 de noviembre, en las que Ortega busca un cuarto mandato consecutivo. La semana pasada, puso bajo arresto domiciliario a una candidata de oposición que buscaba la vicepresidencia, y luego la dejó en libertad a la espera de las conclusiones de una investigación. España ha dicho que las elecciones no serán libres ni justas.
La semana pasada, la Unión Europea impuso sanciones a la vicepresidenta y primera dama Rosario Murillo y a otros siete funcionarios de alto rango acusados de graves violaciones a los derechos humanos o de socavar la democracia. Las sanciones incluyen la congelación de activos y la prohibición de viajar a Europa.
Estados Unidos también impuso restricciones de visado la semana pasada a 50 familiares directos de funcionarios nicaragüenses que, señaló, han estado involucrados o se han beneficiado de la creciente represión de Ortega. El viernes, el Departamento de Estado estadounidense dijo que entre los funcionarios afectados hay legisladores, fiscales y jueces.
FUENTE: Associated Press
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