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SUSCRIBITE“Al negar la ley se imposibilita la creación de oportunidades para millones de ecuatorianos que hoy necesitan empleo”, citó un breve comunicado oficial emitido por la presidencia. Según cifras del gobierno, 5,8 millones de personas no tienen un empleo formal.
El gobierno “evaluará la decisión adoptada” al tiempo que “revisará las mejores alternativas” que puedan beneficiar a la ciudadanía, se indicó en la misiva.
La Asamblea Nacional informó la víspera que el Consejo de Administración Legislativa decidió “no calificar el proyecto” presentado por el Ejecutivo debido a que “no se evidencia una conexidad causal, temática” de su contenido, requisito constitucional para que una iniciativa de carácter urgente sea tramitada.
El gobierno tendría al menos dos escenarios frente a la devolución del proyecto: “subsanar todos los errores o le queda abierta una posibilidad de consulta popular para preguntarle al pueblo de forma directa”, explicó el coordinador del bloque del Partido Social Cristiano, Esteban Torres, en declaraciones al canal de televisión Ecuavisa.
Para echar mano de la primera opción el Ejecutivo debería enviar varios proyectos seccionados por diversas materias. “Se equivocaron en enviar un proyecto tan grande”, afirmó el legislador.
Torres rechazó la versión de un bloqueo del Legislativo al gobierno y explicó que claramente el proyecto de ley habría sufrido un revés por visos de inconstitucionalidad por pretender aplicar impuestos que “no eran para los ricos, eran para la clase media”, dijo en referencia a un eventual tributo para quienes perciban más de 2.000 dólares.
La asambleísta Johanna Moreira de la bancada socialdemócrata, Izquierda Democrática, quien integra el Consejo de Administración Legislativa, dijo a una radio local que el Ejecutivo tiene la oportunidad de subsanar las observaciones planteadas y volver a presentar la propuesta ante el Legislativo. “No estamos negándole oportunidad a los ecuatorianos, queremos darles oportunidades de verdad, no inconstitucionales”, insistió.
Varios gremios y sectores de la oposición habían expresado su rechazo al proyecto por considerar que propiciaba la flexibilización y precarización laboral.
Entre los puntos criticados están que el régimen laboral alternativo propuesto permite que dos personas que realizan el mismo trabajo sean contratadas de manera distinta, un incremento de la jornada laboral a 12 horas y que podría abarcar los sábados y domingos, estabilidad laboral a partir del cuarto año de trabajo y no del primero como rige en la actualidad, la inclusión de una figura de despido justo e indemnización del trabajador al empleador, entre otros.
FUENTE: Associated Press
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