Comienza juicio por supuesta corrupción contra expresidenta argentina Cristina Fernández

Además de acusarla como jefa de una asociación delictiva, el fiscal federal Carlos Stornelli consideró que Fernández es coautora en 204 oportunidades del delito de cohecho pasivo, que es el que comete un funcionario público que acepta, recibe o solicita un soborno.

Los jefes u organizadores de una asociación ilícita pueden recibir una pena de prisión de entre 5 y 10 años. En tanto, los que cometen cohechos pasivos pueden ser castigados con hasta 6 años de cárcel.

El fiscal señaló que tanto Fernández como su fallecido marido y antecesor en el cargo, Néstor Kirchner (2003-2007), lideraron una asociación que funcionó entre 2003 y 2015 en el seno del Poder Ejecutivo para recaudar sobornos de empresarios beneficiados con contratos con el Estado. El propósito de ambos fue usar ese “dinero ilícito” para "enriquecerse ilegalmente y utilizar parte de esos fondos en la comisión de otros delitos”, según el fiscal de la investigación.

Stornelli centró la pesquisa en los cobros que Oscar Centeno —chofer de un exfuncionario imputado— asentó en ocho cuadernos de anotaciones registrando de forma precisa los viajes que habría realizado con bolsos supuestamente cargados de dinero que entregaron decenas de empresarios. El chofer también está señalado como miembro de la asociación delictiva.

En su mensaje Fernández rechazó el "escandaloso bodrio judicial de cuadernos truchos (falsos) reescritos 1.500 veces y ‘arrepentidos’ a los que más bien habría que llamar ‘extorsionados”, en referencia a las supuestas adulteraciones que se habrían cometido en los escritos y a la veintena de empresarios que habrían sido obligados a confesar los pagos durante la investigación.

Como organizadores de la asociación ilícita están imputados, entre otros, el expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción Carlos Wagner; el exministro de Planificación Julio De Vido, y el exsubsecretario de Coordinación y Control de Gestión de esa cartera, Roberto Baratta, quien tenía como chofer al dueño de los cuadernos.

Directivos de IECSA S.A, Industrias Metalúrgicas Pescarmona, Grupo Roggio e Hidrovía S.A, entre otras compañías, están acusados de cohecho activo.

Una investigación periodística puso en conocimiento de la justicia en 2018 el contenido de los cuadernos con las anotaciones sobre los movimientos durante años de Baratta y otros funcionarios que aparentemente trasladaban bolsos con dinero desde las sedes de distintas empresas a los despachos y domicilios de autoridades del Poder Ejecutivo.

Entre los destinos a los que habría llegado el dinero está un domicilio particular que Fernández tuvo en Buenos Aires.

En septiembre, cerca de 50 empresarios y cuatro exfuncionarios propusieron la reparación económica del perjuicio causado para evitar el juicio, lo que fue rechazado por la fiscal Fabiana León —quien lleva adelante la acusación en el proceso— señalando que el caso investigado “es el paradigma de la gran corrupción” y “no hay precio” posible que repare el “daño institucional” causado.

Se prevé que el juicio se prolongue durante meses.

FUENTE: Associated Press