El presidente del Tribunal de Paz, Eduardo Cifuentes, aseguró el viernes a la prensa que la decisión “marca un hito” en la justicia colombiana y que a partir de ahora se activa la competencia judicial del Tribunal en ese caso de “falsos positivos” para que se dicte la primera sentencia en los próximos meses.
El Tribunal de Paz o Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) fue creado tras el acuerdo de paz que firmaron en 2016 el Estado y la guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) después de cinco décadas de confrontaciones. Ante la JEP comparecen miles de exguerrilleros, militares y civiles que estuvieron involucrados en el conflicto.
En la decisión del viernes el Tribunal concluyó que los 10 militares y un civil pueden recibir sanciones propias, es decir, que no implican ir a la cárcel pero sí restricciones de libertades y derechos de residencia y movimiento que serán monitoreadas y verificadas por la JEP y la Misión de Verificación de la ONU en Colombia.
Se trata de sanciones que pueden durar hasta ocho años y tienen un componente restaurativo, es decir, que tratarán de reparar a las víctimas y la sociedad con proyectos y acciones que dignifiquen la memoria de sus familiares.
Por primera vez la JEP dio a conocer las propuestas de sanción que se construyeron entre los victimarios y las víctimas, que incluyen un documental, un parque memorial de las 6.402 víctimas de los “falsos positivos” y una exposición en el Museo Nacional de la Memoria de Colombia -actualmente en construcción- que cuente cómo sucedieron los crímenes.
Los militares imputados propusieron ir a las escuelas de formación de soldados para que conozcan por qué sucedieron los falsos positivos con el fin de evitar que la historia se repita. También darán una contribución económica para que las víctimas cubran las deudas que tienen en los cementerios privados donde reposan los restos de sus hijos.