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“Lo más significativo de esta marcha es que concurrió gente, contrariando el mal clima, pero estamos dando un primer paso para reunificar las luchas porque en este país en cinco años no han sido resueltas las cuatro demandas más importantes de la revuelta de 2019: educación, vivienda, salud y pensiones”, resumió a The Associated Press el vocero de la Coordinadora No+AFP, Luis Mesina.
A fines de enero, el Congreso de Chile aprobó un proyecto de ley que cambia el sistema de pensiones del país, una iniciativa considerada como uno de los buques insignia del gobierno encabezado por el izquierdista Gabriel Boric, cuyo debate se postergó dos años. La norma se promulgó la semana pasada.
La reforma previsional crea un nuevo sistema mixto de pensiones y también un seguro social, al tiempo en que establece beneficios nuevos a los trabajadores y abarca modificaciones regulatorias, pero no toca a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), instituciones financieras privadas que se encargan de administrar los ahorros de las personas para su pensión.
Boric, en el último año de su mandato, valoró como una victoria política la sanción de la reforma, aunque gran parte de las iniciativas presentadas por el Ejecutivo han sido obstaculizadas por las divergencias en el Congreso con la oposición.
“Creo que lo más lamentable del gobierno es que va a terminar su periodo con el legado más trágico que puede terminar un gobierno de izquierda, habiendo consolidado el negocio privado de los derechos sociales. Eso es lo más grave y se expresa esto en que se profundizó y se consolidaron las AFP”, enfatizó Mesina.
El actual sistema de pensiones de Chile se remonta al año 1980, cuando se instauró el modelo llamado “Sistema de AFP” o “Sistema de capitalización individual”, que estableció un mecanismo de financiamiento de carácter sumamente individual a partir de los ahorros personales —pero obligatorios— de cada trabajador a lo largo de su vida laboral.
“Yo trabajé toda mi vida por tener una pensión digna. Luché para no depender, ahora, del gobierno. No es justo que las AFP se queden toda mi plata, es una vergüenza”, expresó Norma Carrasco, una jubilada que portaba un cartel que decía “No más cotización individual. Reparto solidario”. Consideró que el presidente Boric “a lo mejor no puede hacer más, pero no estamos conformes”.
El gobierno buscaba extinguir estas empresas, pero tuvo que ceder a las presiones de sectores contrarios a fin de habilitar la votación en el Parlamento. Por su parte, la oposición accedió a permitir la entrada de nuevos actores en el mercado, por lo que las administradoras de fondos seguirán operando pero con una mayor competencia.
La reforma de la seguridad social es considerada una de las principales reivindicaciones de los ciudadanos chilenos y se convirtió en uno de los motores de las multitudinarias protestas que sacudieron al país en 2019 y 2020. Entonces, decenas de miles de personas marcharon durante el llamado estallido social para pedir cambios en la Constitución y reformas estructurales en áreas como las jubilaciones, la educación y la salud.
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Barreiro reportó desde Montevideo.
FUENTE: Associated Press
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