Martín Alvarez Moreno, quien ingresó ilegalmente a Estados Unidos a través de la frontera de Arizona, se declaró culpable de posesión ilegal de un arma de fuego y será sentenciado el 8 de mayo en un juzgado federal de Fort Pierce, en el área central de Florida.
El delito por el que se declaró culpable figura como una de las prioridades del Departamento de Seguridad Interna al momento de considerar qué inmigrantes deben ser deportados.
Alvarez no había sido acusado en un primer momento, pero las autoridades resolvieron imputarlo después de que se presentó al menos cuatro veces en las oficinas de la policía para reclamar que le devolvieran un revólver que le habían incautado, de acuerdo con documentos judiciales.
Fue entonces que las autoridades descubrieron que había llegado al país de manera ilegal en marzo de 2003, indicó la fiscalía federal.
La policía del condado de Okeechobee, en el centro de Florida, recibió en noviembre de 2014 una queja telefónica de la esposa de Alvarez sobre un altercado doméstico. Cuando los agentes de seguridad acudieron a la casa, el mexicano les explicó que estaba discutiendo con su esposa y admitió que tenía un arma en su automóvil, de acuerdo con documentos judiciales.
La policía decomisó el arma pero como la esposa no quiso hacer una denuncia formal y tampoco había testigos no se efectuaron arrestos.
Alvarez fue arrestado tres meses después y las autoridades judiciales le han negado la libertad condicional al considerar que existe riesgo de que huya del país.
Su abogada, Panayotta Augustin-Birch, refirió las preguntas efectuadas por The Associated Press a la oficina de abogados públicos de Miami. El abogado Michael Caruso, de esa oficina, tampoco respondió al requerimiento de AP.
El abogado de inmigración Alfonso Oviedo, que no representa a Alvarez, explicó que si el mexicano no hubiese reclamado su arma las autoridades "no se hubieran dado cuenta nunca de que no tenía estatus y habría terminado el caso".
Pero debido a que se declaró culpable de posesión ilegal de arma de fuego de "la deportación no se escapa nunca", explicó el asesor legal. "Una condena por arma de fuego lo descalifica de cualquier beneficio. Es una condena muy seria".
La deportación, dijo, sería posterior al cumplimiento de la condena a prisión.
Néstor Yglesias, portavoz de la Policía de Inmigración y Aduanas, más conocida como ICE por su nombre en inglés, dijo que no podía hacer comentarios porque se trata de un caso que aún está pendiente de resolución.
FUENTE: Associated Press