El anexo firmado esta semana actualiza un acuerdo de 2020 entre el Departamento Correccional de Florida y el ICE donde se explica cómo manejar a los detenidos de inmigración federal en instalaciones correccionales, pero no en lugares como este nuevo centro de detención. La actualización se hizo pública el jueves en documentos judiciales, en respuesta a una demanda de derechos civiles donde se afirma que los detenidos en el “Alcatraz de los Caimanes” no han podido reunirse con abogados ni acceder a los tribunales de inmigración.
El abogado Nick Meros, que representa al estado de Florida, remitió a las autoridades estatales las preguntas sobre el retraso en la realización del anexo. Un portavoz del Departamento Correccional de Florida no respondió a una consulta enviada por correo electrónico.
El juez federal de distrito Rodolfo Ruiz en Miami ordeno a las autoridades federales y estatales que presentaran acuerdos donde se mostrara qué agencia gubernamental o contratista privado tiene la autoridad legal para detener a personas o desempeñar funciones de agente de inmigración en la instalación, construida apresuradamente en una pista de aterrizaje en el desierto para albergar hasta 3.000 detenidos en estructuras temporales de tiendas de campaña.
Otra jueza federal ordenó el jueves, en una demanda separada en Miami, una pausa de dos semanas en la realización de construcciones adicionales en el sitio mientras considera si violan las leyes ambientales.
Según el anexo, la agencia correccional de Florida debe proporcionar al ICE los nombres y biografías de todas las personas que tienen autoridad sobre los detenidos, y la agencia federal puede vetar a cualquiera que considere inapropiado. El ICE proporciona supervisión y puede exigir que un detenido sea devuelto a su custodia física, según el anexo.
El ICE tiene acuerdos similares con otras agencias de Florida, la mayoría de ellos, firmados a principios de este año, pero el Departamento Correccional ha sido la principal agencia estatal para el centro de detención de los Everglades, según correos electrónicos obtenidos por The Associated Press, enviados en junio entre funcionarios estatales de emergencia y un director local de emergencia.
En otro documento judicial divulgado el jueves, el estado de Florida impugnó la acusación de que los abogados de los detenidos no hayan podido reunirse con sus clientes. Desde el 15 de julio, cuando comenzó el servicio de videoconferencia, el estado ha aceptado todas las solicitudes para que un detenido se reúna con un abogado, y las reuniones en persona comenzaron el 28 de julio, dijo. Los primeros detenidos llegaron a principios de julio.
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Kate Payne en Tallahassee contribuyó a este informe.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
FUENTE: Associated Press
