La defensa de Luis Pacheco y Héctor Chaclán pedirá en audiencia al juez Mynor Moto, que conoce su caso, que les otorgue un arresto domiciliario en lugar de la prisión en la que se encuentran desde el abril de 2025.
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SUSCRIBITECIUDAD DE GUATEMALA (AP) — Dos líderes indígenas detenidos en Guatemala tras encabezar protestas para que el actual presidente Bernardo Arévalo pudiera tomar posesión del cargo buscan el martes que un juez les otorgue una medida alternativa a la prisión.
La defensa de Luis Pacheco y Héctor Chaclán pedirá en audiencia al juez Mynor Moto, que conoce su caso, que les otorgue un arresto domiciliario en lugar de la prisión en la que se encuentran desde el abril de 2025.
Al llegar al tribunal Pacheco dijo a periodistas que “es la primera audiencia a la que acudimos desde que nos detuvieron” y agregó que “es indignante ver de qué manera recusaron a los jueces o los jueces se excusaron de forma malintencionada para mantenernos más tiempo en prisión”.
A las afueras del Organismo Judicial miembros de 48 Cantones de Totonicapán, una de las organizaciones indígenas más grandes y respetadas del país y a la que Pacheco y Chaclán pertenecen, dijeron que sus líderes fueron “detenidos injustamente por defender la democracia".
“Las familias de Luis y Héctor, que están aquí presentes, han sufrido mucho durante todo este tiempo su ausencia y esperan que hoy puedan regresar a casa. Esperamos que el juez resuelva con objetividad e imparcialidad y que se garantice un proceso justo”, dijeron las autoridades indígenas.
Pacheco y Chaclán fueron acusados por la Fiscalía General, entonces liderada por Consuelo Porras, de los delitos de terrorismo y asociación ilícita. En su arremetida contra el gobierno de Arévalo, Porras sostuvo que los líderes indígenas se habían asociado para mantener al país paralizado por 20 días, bloqueando calles y carreteras porque la fiscalía buscaba evitar que Arévalo tomara posesión del cargo.
Tras asumir la presidencia en 2024 Arévalo nombró a Pacheco, un indígena K’iche’ con estudios en Derecho, como viceministro de Desarrollo Sostenible en su intento por incluir a la población indígena en su gobierno.
Los líderes han mantenido su inocencia y denunciado que la Fiscalía criminalizó a la organización 48 Cantones, que encabezó las protestas.
Porras finalizó su gestión en mayo de este año y el nuevo fiscal general Gabriel García Luna ha dicho que no continuará con esas causas. Porras ha sido sancionada por más de 40 países acusada de socavar la democracia guatemalteca y obstaculizar la lucha anticorrupción.
FUENTE: AP

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