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SUSCRIBITECIUDAD DE GUATEMALA (AP) — Una jueza guatemalteca le negó a la fiscalía del país centroamericano la detención de dos exfiscales allegados a la polémica exfiscal general Consuelo Porras, denunciados por presuntos abusos cuando ejercían sus cargos.
El fiscal general Gabriel García Luna confirmó el jueves a The Associated Press que el Ministerio Público quería detener al exfiscal Rafael Curruchiche, exjefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, por haber utilizado equipos pagados con fondos de agencias internacionales y revelado información privilegiada de la fiscalía para usarla en sus cuentas personales en redes sociales.
Curruchiche fue destituido al día siguiente de que García Luna tomará posesión del cargo. Su actuar dentro de la fiscalía fue muy cuestionado por organizaciones nacionales e internacionales, especialmente por dirigir una arremetida contra el presidente Bernardo Arévalo, en la que incluso adujo que se había cometido fraude electoral, y secuestrar cajas con votos emitidos en elecciones.
García Luna explicó también que se buscaba detener al exfiscal Saúl Sánchez, denunciado por haber realizado allanamientos ilegales. Sin embargo, las órdenes fueron rechazadas por la jueza María Benilda Sandoval Váldez, quien ordenó sólo citarlos. Posteriormente el proceso fue trasladado al juez Fredy Orellana, que canceló todas las acciones solicitadas por la fiscalía.
La dirección de comunicación de la fiscalía indicó que Sandoval Váldez justificó su negativa, aduciendo que “los investigados deben comparecer al proceso penal por medio de una citación a primera declaración, aun cuando el Ministerio Público expuso la existencia de peligro de fuga y peligro de obstaculización de la averiguación de la verdad, (porque) los investigados, siendo exfiscales, podrían tener una influencia sobre el personal interno de dicha institución”.
“La institución hace de conocimiento público lo resuelto por la jueza, quien al denegar las órdenes de aprehensión solicitadas pone en riesgo la investigación, abre la posibilidad de fuga de los investigados Rafael Curruchiche y Saúl Sánchez, y favorece la impunidad de exfuncionarios que se sirvieron del Ministerio Público para abusar y actuar ilícitamente”, agregó la fiscalía.
Porras, Curruchiche y Orellana han sido sancionados por 40 Estados, entre ellos Estados Unidos y la Unión Europea, por socavar la democracia guatemalteca y obstaculizar la lucha anticorrupción.
FUENTE: AP
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