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SUSCRIBITEBOGOTÁ, Colombia (AP) ? En medio de la investigación que ordenó el presidente Juan Manuel Santos por un presunto espionaje a sus negociadores de paz en La Habana, la revista que formuló la denuncia sobre esos seguimientos sostuvo el domingo que tal monitoreo ilegal alcanzó también a más de 50 alcaldes y que se invirtieron grandes sumas de dinero para mantener un local de fachada desde donde se realizaban esas labores a manos de miembros de la inteligencia del Ejército.
Ni el presidente ni el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, que rápidamente reaccionaron a las primeras denuncias, comentaron de inmediato las nuevas revelaciones.
La denuncia, formulada inicialmente por la revista Semana el 3 de enero, desembocó al día siguiente en el relevo de sus cargos de dos generales: Mauricio Zúñiga, jefe de Inteligencia del Ejército, y Jorge Andrés Zuluaga, director de la central de inteligencia técnica del Ejército, que estarán separados de sus puestos hasta que concluya la investigación, según el ministro Pinzón.
En su reciente del domingo, Semana indicó que de los 26 dispositivos ?como computadoras y memorias USB? encontrados por la fiscalía el enero durante un allanamiento al centro que funcionó como fachada, en un local comercial de dos pisos al oeste de Bogotá, los fiscales sólo han podido desencriptar una carpeta de uno de los computadores, pero "han quedado sorprendidos con lo que han encontrado hasta ahora".
"En primer lugar, un listado de objetivos hackeados o por hackear... hay decenas de funcionarios públicos, entre los que se encuentran más de 50 alcaldes", agregó la publicación, sin identificarlos.
Al conocerse las primeras denuncias, Santos ordenó una investigación para determinar qué "fuerzas oscuras están detrás de esto" y "si hay ruedas sueltas dentro de la inteligencia del Ejército", pero al día siguiente cambió su postura y afirmó que la fachada era lícita y que lo que había que determinar era si las labores que se hacían desde ese centro eran legales, con orden judicial o ilícitas. El mandatario también ha dicho que el local fue allanado porque vecinos reportaron a la fiscalía movimientos "extraños" en el lugar.
Según el más reciente reporte de Semana, en una de esas carpetas desencriptadas aparece cómo en el centro había jóvenes civiles, reclutados por militares en una universidad capitalina, que trabajaban como piratas informáticos y a los que les pagaban entre 200.000 a 300.000 pesos (entre 100 a 150 dólares) o les regalaban tabletas, según lograran romper las contraseñas de correos electrónicos o las claves de teléfonos celulares que les indicaran.
"Los datos encontrados por la Fiscalía en los computadores también muestran que se invirtieron grandes sumas de dinero en la fachada debido a su grado de sofisticación e importancia: cámaras de seguridad de última tecnología, guardias (de seguridad) y premios en efectivo", destacó Semana, la principal revista del país y cuyas denuncias en 2009 sobre otro caso de espionaje, sobre conversaciones telefónicas, desembocaron en el desmantelamiento de una policía secreta.
El contenido de unos de esos mensajes de texto interceptados a funcionarios como el Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, uno de los negociadores de paz del gobierno, sólo tiene carácter "anecdótico", dijo la revista al citar fuentes confidenciales, pero destacó que era el indicio "extremadamente grave de que alguien estaba espiando al comisionado".
Jaramillo es parte del equipo negociador de Santos en sus diálogos de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), conversaciones que se realizan desde fines del 2012 en La Habana.
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