Guatemala: Capturan acusados muerte de Mack

Lucrecia Mack, hija de Myrna, dijo a The Associated Press "si él no hubiera hecho la investigación, no habríamos llegado a Beteta".

Noel de Jesús Beteta, un sargento de seguridad del Estado Mayor Presidencial, fue condenado a 25 años de prisión en 1993 como autor material del crimen.

Según la sentencia, Beteta estuvo a cargo de un escuadrón que vigiló y dio seguimiento a Mack durante varios días hasta que el 11 de septiembre de 1990 la mató a puñaladas en una calle solitaria del centro de la ciudad.

El jefe de seguridad del Estado Mayor Presidencial, coronel Juan Valencia Osorio fue condenado a 30 años de prisión en 2002, sin embargo logró huir y se encuentra prófugo de la justicia.

Para la activista Iduvina Hernández, la resolución del crimen abrió las puertas a la justicia transicional en Guatemala. "el caso aportó al fortalecimiento de justicia pues por primera vez se probó una autoría media, una cadena de mando un autor material y uno intelectual".

El abogado Alejandro Balsells explicó que justicia transicional se refiere a los casos en los que el Estado guatemalteco violentó derechos humanos durante la guerra. "Incluye no solo hacer justicia, sino el resarcimiento, el reconocimiento de las víctimas y de la memoria histórica".

La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado Guatemalteco en 2003 a pagar 610.000 dólares a los familiares de Mack porque "fue ejecutada extrajudicialmente en circunstancias de extrema violencia".

Según la Corte, Mérida hizo un reporte policial en 1990 en el que identificó a Beteta como el principal sospechoso y que el crimen tenía un móvil político, pero que nunca se presentó a tribunales.

"En su lugar, se presentó un informe mutilado... en el que se establecía que el motivo del asesinato era el robo y que a la fecha no había ningún sospechoso".

Mérida fue asesinado el 5 de agosto de 1991.

La Comisión de Esclarecimiento Histórico de Naciones Unidas sobre lo sucedido en la guerra dijo que este caso "revela la existencia de mecanismos subterráneos de impunidad", mediante la alteración de la escena del crimen, el entorpecimiento de la investigación criminal y la intimidación a los jueces, entre otros.

El informe de Naciones Unidas estableció que durante la guerra por lo menos 245.000 personas fueron asesinadas o desaparecidas. Responsabilizó a las tropas gubernamentales del 97% de las atrocidades durante la guerra y el 3% a la guerrilla.