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SUSCRIBITEBOGOTA, Colombia (AP) ? La defensa del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, que obtuvo una victoria en su lucha por permanecer en el cargo con medidas emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dijo el miércoles estar a la espera de que el presidente Juan Manuel Santos acate esa decisión de la CIDH y se resuelva el largo pleito sobre el gobernante de la mayor ciudad colombiana.
Las medidas de la CIDH, con sede en Washington, "son de obligatorio cumplimiento... La bola está jugando en la cancha del presidente", dijo en diálogo telefónico Rafael Barrios, uno de los abogados de Petro. "Esta decisión vino como anillo al dedo" para evitar la destitución del alcalde, agregó.
Los abogados de Petro solicitaron a fines del 2013 que la comisión emitiera una medida cautelar o que suspendiera un fallo de la Procuraduría General colombiana que lo destituyó de su puesto y le prohibió hacer política por 15 años.
La noche del martes y luego de que el Consejo de Estado, una de las cuatro altas cortes del país, negara las últimas 22 demandas a favor de Petro, la Comisión emitió la medida a favor del acalde y solicitó al gobierno colombiano suspender "inmediatamente" el dictamen de la Procuraduría, fallado en diciembre y ratificado en enero último.
La Comisión dijo en su decisión, de 11 páginas y tomada por unanimidad de sus siete miembros, que la sanción de la Procuraduría "podría afectar el ejercicio de los derechos políticos" de Petro y lo que va contra mano de normas de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Barrios explicó que por pasadas decisiones de altas cortes colombianas, el gobierno está obligado a acatar lo dispuesto por la CIDH y ahora se espera es un pronunciamiento de Santos sobre el tema. Por normas colombianas, el mandatario debía emitir un decreto designando un alcalde interino luego de los fallos del Consejo de Estado, pero con el pronunciamiento de la CIDH de por medio, aún se desconoce cuál será la decisión del jefe de Estado.
Santos aún no comenta el caso.
Petro, ex senador de 53 años con un pasado de militancia en la ya pacificada guerrilla Movimiento 19 de Abril (M-19), ha mantenido una tenaz lucha jurídica por retener sus funciones desde que la Procuraduría lo sancionó al alegar que cometió fallas "gravísimas" con su decreto de fines del 2012, que dispuso un cambio en el sistema de recolección de basuras de Bogotá. Según el alcalde, el procurador general Alejandro Ordóñez impuso el castigo por razones políticas porque es un ultraconservador que se opone a sus políticas de favorecer a más pobres.
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