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SUSCRIBITEBUENOS AIRES (AP) ? El vicepresidente argentino Amado Boudou dijo el miércoles que está dispuesto a declarar de inmediato ante la justicia para demostrar su inocencia en una causa en la que está imputado por presunto tráfico de influencias pero su defensa hizo un nuevo pedido de nulidad.
Boudou fue citado a declaración indagatoria para el 15 de julio, pero en declaraciones radiales afirmó que "yo, hoy, mañana, sábado, domingo o lunes estoy para declarar. Yo quiero ir a declarar para defenderme y demostrar mi inocencia". De hecho, el funcionario pidió en la víspera adelantar su presentación ante los tribunales.
Sin embargo, la defensa del vicepresidente presentó este mismo miércoles un nuevo pedido de nulidad de la investigación encabezada por el juez federal Ariel Lijo, quien considera que Boudou, como ministro de Economía del primer mandato de la presidente Cristina Fernández, participó de una maniobra en 2010 para adquirir la imprenta quebrada y monopólica Ciccone Calcográfica a través de testaferros y luego ofrecerle al Estado la impresión de billetes.
"Los que pidieron la nulidad son los abogados, son dos carriles separados", explicó el vicepresidente a radio Del Plata al ser consultado sobre lo que se ha interpretado como una aparente contradicción en su estrategia de defensa.
No obstante, este nuevo pedido de nulidad tendría por fin dilatar el proceso hasta que se agoten las instancias judiciales, advirtieron expertos jurídicos y opositores.
No hay antecedentes en Argentina de una citación a indagatoria a un vicepresidente en funciones desde la restauración de la democracia en 1983, según abogados constitucionalistas.
Para el vicepresidente, la causa judicial en su contra "no tiene nada lógico" y denunció que obedece a una maniobra de los dos diarios de mayor circulación del país, La Nación y Clarín, ambos con una línea editorial crítica del gobierno. Y que el fin último de esta supuesta operación sería "estafar al Estado" en complicidad con los exdueños de la imprenta.
El delito que se le imputa a Boudou está castigado con una pena de uno a seis años e inhabilitación perpetua. Como la pena mínima es de un año, el juez no puede ordenar su detención en caso de procesarlo.
En tanto que dirigentes opositores reclamaron que el Congreso, controlado en ambas cámaras por el oficialismo, inicio un proceso de juicio político contra el vicepresidente para destituirlo de su cargo.
La presidenta Fernández continúa sin mencionar palabra sobre el asunto, pese que su segundo en la línea sucesora es uno de los dirigentes con peor imagen en el país y que el caso salpica al propio gobierno.
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