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SUSCRIBITEBUENOS AIRES (AP) ? Un exsecretario de transporte sometido a juicio por uno de los peores accidentes de trenes de la historia ocurrido en 2012 se desligó de toda responsabilidad y cuestionó el lunes la investigación de la tragedia por su sesgo "político".
Ricardo Jaime, responsable del área de transporte entre 2003 y 2009, y su sucesor Juan Pablo Schiavi declararon el lunes por primera vez en el juicio por el siniestro que tuvo lugar en febrero de 2012 cuando una formación de la línea Sarmiento embistió la cabecera de la estación Once de capital, con un saldo de 51 muertos y más de 800 heridos.
Ambos están imputados por el delito de estrago culposo y defraudación.
"No puedo hacer una defensa jurídica porque esto no es una acusación jurídica. Se ha querido hacer un juicio político a las políticas de Estado del gobierno nacional", testificó Jaime, quien está imputado en al menos otra media docena de causas por presunta corrupción.
Los abogados querellantes consideran que Jaime y Schiavi tienen responsabilidad en la tragedia como cómplices del deterioro del servicio de trenes de la línea Sarmiento, en ese entonces controlado por una sociedad mixta entre privados y el Estado, pese a los millones de pesos destinados en concepto de subsidios.
"Rechazo absolutamente las acusaciones, no tengo ningún tipo de responsabilidades. Cumplí con las normas, con mis obligaciones como funcionario y con las expresas directivas que nos daban a todos los funcionarios el expresidente Néstor Kirchner y la actual presidenta Cristina Kirchner para recuperar nuestra Argentina", aseveró Jaime.
Recordó que durante su mandato viajaron en el transporte público 4.752 millones de personas "y no tuve que lamentar una sola víctima por un choque de trenes. Por eso me cuesta entender por qué se me acusa de no haber cumplido con mis deberes de funcionario y el agravante de relacionarme con los fondos y también con el choque de forma directa".
Schiavi, por su parte, declaró que "mi trabajo no era el de auditar el material rodante o si los fondos del Estado eran aplicados. No tenía competencia sobre eso, sí para la supervisión del control, que se hizo y se hizo muy bien".
"Los cargos son falsos y lo quiero decir de manera taxativa. No entiendo por qué las autoridades políticas tienen que estar en este lugar", dijo Schiavi al tribunal.
En este juicio están imputadas otras 27 personas, entre ellas los dueños de la empresa Trenes de Buenos Aires, concesionaria del servicio, y el maquinista Marcos Córdoba. Dos pericias determinaron que los frenos de la máquina funcionaban, sin embargo el conductor señaló que no se activaron.
Miles de personas viajan a diario por los ferrocarriles que unen la capital con los suburbios. Pese a su privatización en la década de 1990, el servicio se fue deteriorando y en la última década se produjeron al menos media docena de accidentes.
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