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SUSCRIBITECIUDAD DE GUATEMALA (AP) — Guatemala está en una carrera contra el tiempo para lograr poner a resguardo unos 60.000 testimonios plasmados en expedientes de víctimas del conflicto armado interno (1960-1996) que buscaron resarcimientos por los abusos que sufrieron. Esto antes de que finalice el gobierno del progresista Bernardo Arévalo en enero de 2028.
Los expedientes fueron recopilados durante unos diez años por el Programa Nacional de Resarcimiento (PNR), que nació en 2003 tras la firma de los Acuerdos de Paz en 1996 que pusieron fin a la guerra con el fin de resarcir con proyectos y económicamente a las víctimas. Durante los últimos ocho años —en los gobiernos del expresidente Jimmy Morales 2016-2020 y de Alejandro Giammattei 2020-2024, el programa se inmovilizó, abandonó y se ordenó liquidar, sin resguardar los testimonios allí plasmados.
“Cajas húmedas, amontonadas, expedientes incompletos, rotos” son parte de lo que trabajadores que intentan actualmente salvar el archivo encontraron, aseguró Erick Briones, auxiliar del archivo. Ellos son parte de un proyecto financiado por UNESCO que busca recuperar el archivo del PNR y en un futuro nombrarlo patrimonio documental del mundo para que sea resguardado y accesible a todas las personas que quieran conocer la historia vivida en el país centroamericano en esa época.
Allí están archivos como el de Manuel Botom Uz, uno de los más de 100 expedientes de niñez desaparecida. Sus familiares narraron que en 1982 él tenía 4 años y fue desaparecido. El testimonio dice que el niño junto a sus cuatro hermanos, todos menores de edad, fueron atacados en sus comunidades en Quiché por miembros del ejército y patrulleros de autodefensa civil que ejercían tareas de control y vigilancia para el ejército en sus comunidades.
El expediente de Botom Uz dice que sus hermanos fueron entregados a familiares, pero él desapareció. Veinte años después su cuerpo fue localizado e identificado en una fosa clandestina. Después de exhumarlo fue enterrado por su familia.
“Hubo una intención de los gobiernos de Morales y Giammattei de borrar la memoria colectiva, destruir un patrimonio construido por muchos años con base en los testimonios de las víctimas, por eso es importante recuperar esa memoria y los testimonios de víctimas, resguardarlos y que pasen a ser parte (de) la memoria viva de este país”, explicó Elvin Díaz, comisionado presidencial de Derechos Humanos que ahora mantiene el resguardo de los archivos.
Díaz explicó que el fin del PNR era la ayuda humanitaria y el resarcimiento, sin embargo, aquí “hay información relevante para una investigación penal”.
En cajas de plástico azules, clasificadas por departamento, miles de testimonios cuentan ejecuciones extrajudiciales, asesinatos, abusos sexuales, desapariciones forzadas, reclutamiento forzoso de hombres, mujeres y niños en Guatemala durante la guerra entre el ejército y grupos guerrilleros, que según informes de la memoria dan cuenta que se saldó con 200.000 muertos y unos 45.000 desaparecidos.
En el futuro el proyecto planea digitalizar el archivo para su acceso universal.
En su informe sobre observaciones preliminares del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, que visitó Guatemala el mes pasado, indicó que “principalmente (en los gobiernos de Morales y Giammattei) operó una política sistemática de desmantelamiento de las instituciones para la paz y la justicia”.
Los expedientes pasarán a formar parte del Plan de Reparación y dignificación de las víctimas del conflicto armado anunciado el mes pasado por el presidente Arévalo, que busca integrar y centralizar la información dispersa en instituciones públicas y en manos de organizaciones de sociedad civil para continuar con el resarcimiento de la víctimas, además en los casos donde sigue la desaparición de una víctima se incluirán en el Mecanismo de Búsqueda Humanitaria de personas desaparecidas durante el conflicto armado interno en Guatemala.
FUENTE: AP
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