El exmandatario salió en un auto plateado vestido de terno azul y dijo en una desordenada y breve declaración a la prensa que “yo, mi familia y el Partido Nacionalista (el nombre de su partido político) hemos sido víctimas de una persecución política y judicial, el 15 de abril de 2025 fui secuestrado por el Estado”.
El Tribunal Constitucional indicó que Humala fue condenado en 2025 por lavado de activos en la modalidad de receptación patrimonial, una conducta que recién fue sancionada desde 2016 y que castiga a quien recibe o posee bienes de origen delictivo con conocimiento o posibilidad de conocer su procedencia ilícita.
La máxima instancia constitucional usó el mismo razonamiento por el que hace nueve meses ordenó el archivo de otra pesquisa contra la actual presidenta, Keiko Fujimori, que fue investigada por el mismo delito y para quien la fiscalía pedía 35 años de cárcel. A Humala y Fujimori se les acusaba de haber recibido dinero ilícito para sus respectivas campañas presidenciales de 2011 y 2016.