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SUSCRIBITENOM PEN, Camboya (AP) — Camboya enfrenta graves problemas de derechos humanos, entre ellos el desplazamiento de personas por conflictos armados, la trata de personas por parte de operadores de estafas cibernéticas y el encarcelamiento por ejercer su libertad de expresión, denunció el viernes un funcionario de la ONU.
Tom Andrews, Relator Especial de la ONU sobre derechos humanos en Camboya, señaló que visitó un sitio de reubicación en la frontera camboyana donde 20.000 personas siguen desplazadas por el conflicto del año pasado entre Camboya y Tailandia. Muchos le contaron que no habían podido regresar a sus hogares en un territorio que ahora está ocupado por el ejército tailandés.
Andrews, excongresista estadounidense, habló en la capital, Nom Pen, después de reuniones con el primer ministro Hun Manet y otros altos funcionarios.
A pesar de los desafíos expuestos en una declaración de “fin de misión”, Andrews declaró que tenía esperanza en el futuro de la nación del sudeste asiático, a la que elogió por elevar el nivel de vida mediante un impresionante desarrollo económico.
“Aunque quizá no estuvimos de acuerdo en todos los puntos, hubo un acuerdo para avanzar en los asuntos que yo había identificado”, indicó Andrews, quien anteriormente había sido Relator Especial para Myanmar cuyos gobernantes militares fueron objeto de sus duras críticas.
Andrews, quien comenzó su función en Camboya en abril, indicó que también se reunió —libremente y sin restricciones— con políticos de la oposición, defensores de derechos humanos, activistas ambientales, representantes de organizaciones de la sociedad civil, periodistas, trabajadores humanitarios y diplomáticos.
También se le concedió acceso sin restricciones a centros de detención, un campamento de desplazados y la región fronteriza, donde el año pasado Camboya libró varias semanas de combates armados con la vecina Tailandia.
“Es una cuestión de derecho internacional que quienes fueron desplazados por un conflicto armado tienen derecho a regresar a sus hogares”, expresó. “Es imperativo que Tailandia y Camboya trabajen juntas para acelerar el retorno de los civiles desplazados”. Tailandia niega haber actuado ilegalmente.
En un comunicado de prensa sobre su misión, Andrews reconoció los recientes esfuerzos de Camboya por reprimir redes criminales transnacionales, al tiempo que expresó preocupación por altos funcionarios que presuntamente han estado implicados en operaciones de estafas cibernéticas.
Su preocupación se extendió a la difícil situación de muchos extranjeros liberados de complejos de estafa que no pueden regresar a sus países de origen.
Andrews señaló que había recibido información de que más de 100 personas podrían estar detenidas por ejercer su derecho a la libertad de expresión, de reunión o de asociación. El gobierno de Camboya ha tenido durante mucho tiempo fama de reprimir a opositores políticos, activistas sociales y a los medios de comunicación.
“Nadie debería estar tras las rejas por ejercer sus derechos humanos fundamentales”, afirmó.
Andrews sostuvo que la libertad de expresión y de reunión eran asuntos cruciales para la próxima ronda de elecciones en Camboya, y añadió que los votantes “merecen el derecho a tomar una decisión informada basada en el acceso a toda la gama de opiniones, información y perspectivas”.
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El corresponsal Grant Peck contribuyó con esta nota desde Bangkok.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
FUENTE: AP
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