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SUSCRIBITECIUDAD DE GUATEMALA (AP) — Exiliados guatemaltecos, salvadoreños, hondureños y nicaragüenses denunciaron el martes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la persecución política y falta de garantías en procesos judiciales que sufren en sus países exfuncionarios de la justicia, defensores de los derechos humanos y periodistas.
La audiencia temática pública en la que manifestaron sus denuncias tuvo lugar en el marco del 196 período de sesiones de la CIDH, órgano que promueve la defensa de los derechos humanos en la región y que integra la Organización de Estados Americanos (OEA), con sede en Washington.
El abogado Alejandro Rodríguez, que representa a exiliados centroamericanos, dijo que el exilio forzado constituye una violación a los derechos humanos "que ocurre cuando una persona se ve forzada a abandonar su país para proteger su vida, libertad, integridad o seguridad frente a actos de criminalización, persecución u otras formas de violencia".
La abogada guatemalteca Flor Galvez, exfiscal exiliada, dijo que “abandonar el país no es una decisión libre, ni una oportunidad de migración, es una estrategia de sobrevivencia frente a los riesgos reales”, así como una de las manifestaciones más claras del deterioro de la democracia.
David Gaitán, exabogado de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), hizo referencia a su experiencia indicando que “el exilio funciona como un mecanismo de neutralización” para dejar de investigar hechos de corrupción o graves violaciones a los derechos humanos. Durante 12 años Gaitán contribuyó a desmantelar grupos del crimen organizado y denunció persecución por parte de la fiscalía por haber llevado a la justicia a implicados en corrupción.
El exfiscal anticorrupción de Guatemala Juan Francisco Sandoval pidió a la Comisión que exija a los Estados investigar los hechos que dieron origen a los exilios, se ponga fin a la criminalización, se deroguen las órdenes de prisión a exoperadores de justicia y se reparen los daños que han sufrido.
En mayo del año pasado, la Relatora Especial sobre la Independencia de los magistrados y abogados de Naciones Unidas, Margaret Satterthwaite, denunció que la fiscalía de Guatemala, entonces liderada por Consuelo Porras, mantenía una política de criminalización contra colectivos como operadores judiciales, líderes sociales o periodistas por sus denuncias contra la corrupción.
Gabriela Mundo, de la Fundación para el Debido Proceso, habló en nombre de exiliados salvadoreños y hondureños señalando que su situación se debe al deterioro democrático, la instrumentalización de las instituciones y el cierre de espacio públicos.
“En el Salvador este fenómeno se desarrolla dentro de un proceso sostenido de concentración del poder, debilitamiento de la democracia y (de) la independencia judicial”, dijo Mundo. La abogada también explicó que los reiterados regímenes de excepción han agravado la situación y debilitado el debido proceso.
“Investigaciones recientes (en El Salvador) han identificado a 245 personas críticas del gobierno que sufrieron persecución judicial, hostigamiento y otras represalias entre 2019 y 2025 y más de 130 personas defensoras han sido forzadas al exilio”, dijo.
Yubelca Mendoza, quien habló en nombre de exiliados nicaragüenses, dijo que el perfil de los exiliados es heterogéneo, al abarcar a feministas, activistas, defensores de derechos humanos, funcionarios activos y periodistas. “Más de 300 periodistas hemos sido obligados al exilio y en la actualidad ningún medio opera en el país”, dijo.
"Existe una gran preocupación fundamentada en hechos que las personas en situación de exilio que encontraron en los países de acogida espacios seguros para reorganizarse políticamente sean un blanco de ataques físicos", acotó Mendoza. Señaló al respecto que en países de acogida como México y Honduras se han documentado asesinatos de exiliados con tintes políticos.
FUENTE: AP
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