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SUSCRIBITESAN SALVADOR (AP) — Familiares y la ONG Cristosal exigieron el martes a las autoridades verificar el estado de salud de la abogada defensora de los derechos humanos Ruth Eleonora López, quien permanece detenida en una cárcel de El Salvador desde hace un año acusada de presunto enriquecimiento ilícito.
López, una crítica al gobierno del presidente Nayib Bukele, está a la espera de ser juzgada. De acuerdo con Cristosal, la abogada habría sido ingresada e intervenida en un centro hospitalario de la capital salvadoreña, aunque sus familiares afirman que no fueron notificados sobre su traslado, el motivo de la intervención médica, ni sobre su estado de salud.
La activista fue detenida por la policía el 18 de mayo de 2025 por un supuesto caso de peculado y le formularon cargos luego de más de dos meses cuando el Ministerio Público pidió a un juez procesarla por enriquecimiento ilícito y prisión preventiva.
“El proceso penal contra López ha sido declarado en reserva y permanece sometida a restricciones indebidas, que obedecen a las políticas autoritarias implementadas por el sistema penitenciario bajo el actual gobierno”, señala Cristosal en un comunicado.
The Associated Press llamó a la oficina de prensa de Casa Presidencial para un comentario, pero no respondió.
Cristosal recordó que en septiembre de 2025 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictó medidas cautelares a favor de López, al considerar que “se encuentra en una situación de gravedad y urgencia" y requirió al Estado salvadoreño adoptar las medidas necesarias para garantizar la protección efectiva de sus derechos fundamentales.
Pero según Cristosal, “el estado salvadoreño no ha cumplido con su obligación de garantizar debidamente el derecho a la salud de Ruth López”. Afirma, además, que ha incumplido su deber de proporcionar a la familia información veraz, oportuna y comprensible sobre su diagnóstico, tratamiento, riesgos y pronóstico.
Cuando las autoridades la presentaron ante el juez en mayo de 2025, López gritó en los pasillos de los tribunales: “Quiero un juicio público, quiero un juicio público, tengo derecho a que la gente sepa que me están enjuiciado por mis opiniones”.
López ocupaba el cargo de jefa de la Unidad Anticorrupción y Justicia de la organización no gubernamental Cristosal, que ha denunciado abusos en las cárceles salvadoreñas desde que rige un estricto estado de excepción —desde 2022— como política de mano dura contra la violencia de las pandillas que azotaron al país centroamericano.
Bajo ese estado, una persona puede ser detenida en El Salvador sin saber por qué y sin acceso a un abogado. Más de 91.900 personas han sido arrestadas en los últimos tres años por presuntos vínculos con pandillas, pero más del 90% está en prisión sin condena.
La abogada lideraba en Cristosal un equipo que ha elaborado decenas de informes y análisis y presentado múltiples recursos legales relacionados con lo que llama la corrupción gubernamental. La organización rechazó su detención argumentando que es una forma de persecución del gobierno por sus críticas.
Cristosal, una de las principales organizaciones defensoras de derechos humanos de El Salvador, abandonó el país en julio de 2025, según denunció, debido al creciente acoso y las amenazas jurídicas que enfrenta por parte del gobierno de Bukele.
FUENTE: AP
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