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SUSCRIBITELa Ley de Amnistía estaba escrita hace meses pero necesitaba ser votada en el Congreso para evitar que fuera el Senado español,
La nueva Ley de Amnistía que favorece a los separatistas catalanes, aprobada este jueves en el Congreso español y pendiente de impugnación judicial, fue escrita a medida y dictada desde Francia por un político secesionista, Carles Puigdemont, un hombre que huyó de la Justicia y quien no comparte la misma ideología de Pedro Sánchez, pero le tiene agarrado por el cuello.
Es asombroso cómo pudo llega a suceder algo así en un país donde se supone que funcione la democracia. La única razón posible es la coincidencia de estos sujetos en un mismo escenario político y la falta de escrúpulos de ambos.
Para gobernar y echar a andar la actual Legislatura, Sánchez necesitaba los siete escaños de Junts per Catalunya; mientras, Puigdemont vio un filón para hacer borrón y cuenta nueva, planear un regreso a España y, tal vez lo más importante, intentar conseguir por la vía legal un referéndum independentista, no como el que se hizo en 2017 y que fue suspendido por el Tribunal Constitucional.
La Ley de Amnistía estaba escrita hace meses pero necesitaba ser votada en el Congreso para evitar que fuera el Senado español, actualmente con mayoría del Partido Popular, o sea, de la oposición, quien decidiera su destino.
Con 177 votos a favor y 172 en contra -un escrutinio ajustado como se puede ver-, se aprobó ayer esta medida en medio de un debate parlamentario plagado de improperios. La derecha acusó a Sánchez de traidor (el presidente había dicho que nunca pactaría con los independentistas), mientras la izquierda tildó de “fascistas” a sus oponentes.
Sánchez no tuvo a bien comentar nada sobre su victoria pírrica y optó por marcharse del debate. Paralelamente, desde el sur de Francia, donde ahora vive Puigdemont, el político catalán, heredero de Convergencia i Unió -partido nacionalista de derecha- , no tuvo reparos en decir que esto era “lo pactado”.
Aunque Puigdemont haya asumido el papel sensiblero de “líder en el exilio de un pueblo oprimido” (narrativa actual secesionista que es una gran falacia), el peor parado ha sido Sánchez, por inconsistente, mentiroso y camaleónico a toda costa.
Ni Cataluña es una tierra oprimida por el Estado español (la autonomía controla las competencias de Salud, Educación y buena parte del transporte), ni a Sánchez le interesa el independentismo. A no ser que, más allá de su estrategia para poder gobernar, reciba órdenes de un ser supremo allende los mares.
Quien escribe esto vivió en Cataluña muchos años y puede dar fe de que, al menos en Barcelona, una moderna ciudad con casi dos millones de habitantes, convivían perfectamente las dos culturas, la catalana y la castellana, y, a modo de ejemplo, destacar que es allí donde se celebra la segunda Feria andaluza de Abril.
Cataluña está llena de andaluces que fueron a trabajar a las fábricas y telares, pero se dio la circunstancia de que las siguientes generaciones fueron escolarizadas en idioma catalán, a partir de un plan piloto que ideó el gran líder de la burguesía catalana y expresidente de la Generalitat: Jordi Pujol, acusado junto su familia por fraude fiscal.
De ahí que los reclamos de Junts per Catalunya parezcan una fantasía, porque ya los tienen: “Para defender a Cataluña en Europa. Por la oficialidad del catalán. Por los derechos y libertades. Por reclamar nuestros intereses”, dice su cuenta en la red social X.
En lo adelante, primero, Puigdemont, heredero de Pujol, debe garantizar un retorno sin cárcel, y luego organizar otro referéndum, pero hasta donde sabemos, España mantiene separación de poderes y es a la Justicia a la que le toca actuar.
La Justicia recurrirá la medida mientras la crispación crece en todo el país. La recurrirá sobre todo porque en los sucesos de 2017 hubo actos calificados de “terrorismo”, como la toma del aeropuerto del Prat por grupos separatistas y el lanzamiento de adoquines desde los edificios de la Plaza de Urquinaona, unos hechos que dejaron varios agentes del orden heridos.
En su intervención de ayer en el Congreso, Jon Iñarritu García, diputado de la formación de extrema izquierda y separatista vasca Euskal Herria Bildu, aseguró que los “conflictos territoriales, como tantos hay en el mundo”, no se resuelven vía Justica, sino “mediante el diálogo, los acuerdos y la negociación”, pero no mencionó la traición de Sánchez. De ahí se puede entender que en lo adelante el País Vasco, Galicia y Canarias pedirían lo mismo.
Es cierto que España es un país de países por su diversas culturas y gastronomías regionales, pero también es verdad que como Estado ha funcionado bien hasta el día de hoy, y que en buena parte de la península existe un sentimiento español.
Quien escribe esto piensa que, sin España, a Cataluña le iría peor, pero por otro lado está en su derecho de querer separarse, siempre y cuando no sea por la fuerza, y menos quebrantando la ley.
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