Los simpatizantes de ambos bandos en la controversia velan armas en caso de que Trump cancele la emisión de nuevos permisos de trabajo dentro del programa Acción Diferida para los llegados en la Infancia (DACA por sus siglas en inglés), acto que eliminaría esta medida de manera gradual y efectiva.
El DACA ha amparado a cientos de miles de jóvenes de la deportación y les ha concedido la oportunidad de trabajar legalmente en Estados Unidos.
Sin embargo, la Casa Blanca insistió el domingo que no tenía anuncio alguno sobre un asunto que el presidente ha abordado en forma abierta durante meses.
Las discusiones tienen lugar en momentos en que Trump afronta críticas por su reacción ante una marcha de supremacistas blancos en Charlottesville, Virginia.
Trump atizó aún más la tensión racial el viernes al indultar a Joe Arpaio, el exjefe policial del condado Maricopa en Arizona, después de que éste fuera declarado culpable de ignorar la orden de una jueza para que dejara de actuar específicamente contra personas de aspecto hispano.
El indulto a Arpaio enfadó a los demócratas y enfrentó el rechazo de algunos republicanos, pero fue ovacionado por la plataforma de más fervientes seguidores del mandatario.
El magnate ha obrado en forma vacilante en torno al DACA, al que criticó durante su campaña y describió como una “amnistía ilegal”.
Sin embargo, desde que asumió la presidencia, Trump ha suavizado su postura sobre el tema y en un punto afirmó a The Associated Press que los inmigrantes jóvenes afectados podían “estar tranquilos”.
El mandatario afirmó en abril que su gobierno “no va por los dreamers (los jóvenes beneficiados de la reforma migratoria en Estados Unidos), vamos por los delincuentes”.
En este tiempo, el Departamento de Seguridad Nacional ha continuado otorgando a los dreamers permisos de trabajo renovables por dos años, lo que ha disgustado a los sectores que apoyan una postura estricta sobre la inmigración.
Sin embargo, Trump enfrenta ahora la presión de adoptar una decisión definitiva: su gobierno tiene como fecha límite el 5 de septiembre para hacerlo como exige un grupo de legisladores republicanos estatales a los que encabeza el fiscal general de Texas, Len Paxton.
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FUENTE: Associated Press