El presidente Donald Trump otorgó clemencia a Lawrence Duran, condenado a 50 años por un fraude multimillonario al sistema de salud pública. La medida ha generado controversia por la magnitud del caso.
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SUSCRIBITETrump conmuta la pena al mayor estafador de Medicare en EE.UU.: un empresario de Miami
El presidente Donald Trump otorgó clemencia a Lawrence Duran, condenado a 50 años por un fraude multimillonario al sistema de salud pública. La medida ha generado controversia por la magnitud del caso
El presidente Donald Trump conmutó la condena de Lawrence Duran, un empresario de Miami considerado el mayor estafador en la historia del programa federal Medicare. Duran, quien cumplía una pena de 50 años de prisión por liderar un esquema de fraude masivo, fue beneficiado con la medida presidencial el pasado 28 de mayo, como parte de una lista de más de dos decenas de clemencias otorgadas ese día.
El fraude más grande en la historia de Medicare
Lawrence Duran era copropietario de American Therapeutic Corporation (ATC), una red de clínicas de salud mental con operaciones en Miami, Orlando y otras ciudades del sur de Florida. Entre 2002 y 2010, junto a su socia y pareja Marianella Valera, dirigió una operación fraudulenta que defraudó a Medicare por más de 205 millones de dólares, cobrando de forma efectiva alrededor de 87 millones.
El esquema se basaba en presentar reclamaciones por terapias de salud mental que nunca se ofrecieron o que eran aplicadas a pacientes no aptos para recibirlas. Entre las víctimas había ancianos con Alzheimer y otras condiciones severas, que no podían participar activamente en los tratamientos grupales facturados.
Reclamaciones falsas y una red de complicidad
Según los fiscales federales, el grupo presentó más de 866,000 reclamaciones fraudulentas. Para justificar las facturas, organizaban “fiestas de registro médico” en las que alteraban y falsificaban expedientes clínicos. Los fondos obtenidos eran canalizados a través de empresas fantasma como MedLink Professional Management Group y American Sleep Institute para ocultar su origen ilícito.
Más de 30 personas formaban parte de esta red criminal, incluyendo médicos, psiquiatras, consejeros, reclutadores de pacientes y personal administrativo. Se pagaban sobornos a residencias y centros de atención para que enviaran pacientes, quienes a veces también recibían parte del dinero.
Influencia política y una fachada de legitimidad
Duran no solo utilizó el fraude para enriquecerse. En 2006 fundó la National Association of Behavioral Health (NABH), una organización fachada que sirvió para presionar al Congreso en favor de programas de hospitalización parcial: los mismos que su empresa explotaba para cometer el fraude.
De acuerdo con documentos del Departamento de Justicia, NABH fue una herramienta para legitimar las operaciones de Duran y ampliar su influencia. Incluso capacitaba a otros centros sobre cómo apelar rechazos de pagos de Medicare, replicando el modelo fraudulento.
Condena ejemplar
En 2011, Duran y Valera se declararon culpables. Ese mismo año, Duran recibió una sentencia sin precedentes de 50 años de cárcel y fue condenado a restituir más de 87 millones de dólares. Valera fue condenada a 35 años, pero su pena fue reducida a 15 y fue liberada en 2020.
Otras figuras clave también enfrentaron condenas, como Judith Negrón, vicepresidenta de MedLink, sentenciada a 35 años. Ella también fue beneficiada con una conmutación por parte de Trump en 2020, durante su primer mandato.
Indulto polémico
La decisión del presidente Trump de liberar a Duran ha generado fuertes críticas por parte de expertos legales, funcionarios y defensores del sistema de salud pública. Consideran que la clemencia a una figura central en uno de los fraudes más graves contra el Medicare envía un mensaje preocupante: que incluso los delitos más serios pueden quedar impunes si se cuenta con conexiones políticas.
“Espero que esto transmita un mensaje a quienes buscan defraudar al gobierno… irán a la cárcel por mucho tiempo si los atrapan”, escribió la fiscal Jennifer Saulino tras la sentencia de Duran. Hoy, esa advertencia parece haber perdido fuerza.
La liberación del empresario ha reabierto el debate sobre los criterios y la transparencia en la concesión de clemencias presidenciales, especialmente en casos de corrupción estructural y daño público sistemático.
FUENTE: cibercuba.com
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