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SUSCRIBITEWASHINGTON (AP) ? Una jueza federal ordenó el miércoles al Departamento de Justicia que entregue al Congreso una lista de documentos que están en el centro de una prolongada batalla sobre un infructuoso programa policial llamado Operación Rápido y Furioso.
La jueza federal de distrito Amy Berman Jackson fijó el 1 de octubre como fecha tope para entregar los documentos a la Comisión de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes.
El Departamento de Justicia dice que los documentos deben permanecer secretos, y el presidente Barack Obama ha esgrimido el privilegio del poder ejecutivo como argumento para no darlos a conocer públicamente.
El panel de la cámara baja dice que los documentos pudieran explicar por qué el Departamento de Justicia demoró casi un año en reconocer que agentes federales participaron en una controversial táctica policial sobre el contrabando de armas de fuego.
El Departamento prohíbe la táctica desde hace tiempo, pero la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos la usó con resultados desastrosos en una investigación federal en Arizona, la Operación Rápido y Furioso, en la que agentes federales permitieron que armas compradas ilegalmente fueran transportadas sin cortapisas a fin de rastrear a traficantes de armas de alto nivel.
Los agentes federales perdieron el rastro de unas 2.000 armas y muchas se usaron en la comisión de delitos graves en México y Estados Unidos. Dos de ellas fueron encontradas en diciembre de 2010 en el lugar donde asesinaron al agente fronterizo Brian Terry cerca de Nogales, localidad fronteriza de Arizona.
Después de la audiencia del miércoles, la portavoz del Departamento de Justicia, Emily Pierce, dijo: "Estamos complacidos de que la jueza haya reconocido que el privilegio del poder ejecutivo incluye un proceso de deliberación que va más allá de las declaraciones del presidente", algo que el Departamento ha alegado en su disputa con el Congreso.
En documentos presentados al tribunal, el Departamento de Justicia ha dicho que, si los tribunales rechazan un alegato de confidencialidad, entonces el Congreso podría tener acceso irrestricto a toda la información de la rama ejecutiva, excepto las comunicaciones presidenciales.
Tal desarrollo sería una contravención de la separación constitucional de poderes y de más de dos siglos de relaciones entre las ramas legislativa y ejecutiva, señaló el Departamento.
La necesidad de algún nivel de confidencialidad en la rama ejecutiva es particularmente fuerte en este caso, que involucra una exigencia legislativa de información que revelaría el proceso mediante el cual el ejecutivo responde a investigaciones del Congreso, agregó el gobierno de Obama.
El representante Darrell Issa, republicano por California y presidente del panel, dijo que los documentos "nos permitirán acercarnos a determinar por qué el Departamento de Justicia se ocultó tras falsas negativas a raíz de acciones negligentes que contribuyeron a la muerte violenta de Brian Terry, agente de la Patrulla Fronteriza, e incontables ciudadanos mexicanos".
El gobierno afirma que el alegato del privilegio del poder ejecutivo tiene por fin proteger los registros internos del Departamento de Justicia sobre su respuesta al Congreso.
Jackson, la jueza del caso, fue nombrada por Obama.
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