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El juez federal de distrito Carl Nichols, nominado por Trump, se alineó con dos sindicatos de empleados federales al acordar una pausa en los planes de poner a 2.200 empleados en licencia con goce de sueldo a partir del viernes a medianoche. Nichols enfatizó que su orden no era una decisión sobre la solicitud de los empleados de revertir la rápida destrucción de la agencia por parte del gobierno actual.
“Cerrarla”, declaró Trump en redes sociales sobre USAID antes del fallo del juez.
La Asociación Estadounidense de Servicio Exterior y la Federación Estadounidense de Empleados del Gobierno argumentan que Trump carece de la autoridad para cerrar la agencia de seis décadas de antigüedad sin la aprobación del Congreso. Legisladores demócratas han esgrimido el mismo argumento.
El gobierno de Trump se movilizó rápidamente el viernes para literalmente borrar el nombre de la agencia. Trabajadores en una grúa eliminaron el nombre de la fachada de piedra de su sede en Washington. Usaron cinta adhesiva para cubrirlo en un letrero y retiraron las banderas de USAID. Alguien colocó un ramo de flores afuera de la puerta.
El gobierno de Trump y Musk, quien dirige un Departamento de Eficiencia Gubernamental orientado a la reducción del presupuesto, han hecho de USAID su mayor objetivo hasta ahora, en un desafío sin precedentes para disminuir el tamaño del gobierno federal y eliminar muchos de sus programas.
Personal nombrado por el gobierno y los equipos de Musk han cancelado casi todos los fondos para la agencia, deteniendo programas de ayuda y desarrollo en todo el mundo, colocando a empleados y contratistas bajo licencia y permiso, e impidiéndoles el acceso a los sistemas de correo electrónico y de otro tipo de la agencia. Según legisladores demócratas, también se llevaron los servidores informáticos de USAID.
“Esto es un desmantelamiento completo de prácticamente todo el personal de una agencia entera”, le dijo Karla Gilbride —abogada de las asociaciones de empleados— al juez.
Brett Shumate, abogado del Departamento de Justicia, argumentó que el gobierno tiene toda la autoridad legal necesaria para poner al personal de la agencia en licencia. “El gobierno hace esto de manera general todos los días”, declaró Shumate. “Eso es lo que está sucediendo aquí. Es sólo una cifra grande”.
El fallo del viernes es el revés más reciente en los tribunales para el gobierno de Trump, cuyas políticas para ofrecer incentivos financieros con el fin de que los trabajadores federales renuncien y acabar con el derecho a la ciudadanía por nacimiento para cualquier persona nacida en Estados Unidos de alguien que se encuentra ilegalmente en el país han sido pausadas temporalmente por los jueces.
Horas antes el viernes, un grupo de media docena de funcionarios de USAID que hablaba con periodistas disputó firmemente las afirmaciones del secretario de Estado Marco Rubio de que los programas más esenciales para salvar vidas en el extranjero habían recibido exenciones para continuar. Ninguno recibió dichas exenciones, denunciaron los funcionarios.
Entre los programas que dijeron no han recibido exenciones están el de 450 millones de dólares en alimentos cultivados por agricultores estadounidenses, suficientes para alimentar a 36 millones de personas, que no se estaban pagando ni entregando; y suministros de agua para 1,6 millones de personas desplazadas por la guerra en la región de Darfur en Sudán, cuyo financiamiento había sido suspendido, y ya no hay dinero para combustible que permita operar bombas de agua en el desierto.
La orden del juez involucró la decisión del gobierno de Trump esta semana de retirar a casi todos los trabajadores de USAID del trabajo y de sus labores de campo en todo el mundo. Además de los 2.200 trabajadores que han sido protegidos temporalmente de que se les ponga en licencia con goce de sueldo, no estaba claro el destino de otros que trabajan con la agencia y que han sido despedidos, puestos en permiso temporal o en licencia.
Trump y los republicanos del Congreso han hablado de trasladar al Departamento de Estado la supervisión de un número muy reducido de programas de ayuda y desarrollo.
Dentro del propio Departamento de Estado, los empleados temen que haya reducciones sustanciales de personal después de que venza el plazo de la oferta del gobierno de Trump de otorgar incentivos financieros a cambio de que los trabajadores federales renuncien, según funcionarios que hablaron a condición de guardar el anonimato por miedo a sufrir represalias. Un juez bloqueó temporalmente esa oferta y estableció una audiencia para el lunes.
Esta semana, el gobierno le dio un plazo de 30 días —a partir del viernes— a casi todo el personal de USAID emplazado en el extranjero para regresar a Estados Unidos. El gobierno se hará cargo de los gastos de viaje y mudanza. Diplomáticos en embajadas pidieron exenciones que les dieran más tiempo a algunos empleados, incluidas familias que se ven obligadas a sacar a sus hijos de las escuelas a mitad del año escolar.
En un aviso publicado en el sitio web de USAID el jueves por la noche, la agencia aclaró que ninguno de los empleados que se encuentran en el extranjero y que hayan sido puestos en licencia serían obligados a dejar el país donde trabajan. Pero sí indicó que los trabajadores que eligieran quedarse más de 30 días podrían tener que cubrir sus propios gastos a menos que recibieran una exención específica por dificultades.
Rubio dijo el jueves durante un viaje a la República Dominicana que el gobierno ayudaría al personal a regresar a casa dentro de 30 días “si así lo deseaban”, y escucharía a aquellos que se encuentren en situaciones especiales.
Insistió en que las medidas eran la única manera de obtener cooperación, porque el personal estaba movilizándose “para extraer pagos furtivamente y presionar para obtener pagos a pesar de la orden de detener” la asistencia extranjera. Empleados de la agencia niegan que dichas afirmaciones de que están implementando maniobras de obstrucción sean verídicas.
Rubio indicó que el gobierno de Estados Unidos continuará proporcionando ayuda extranjera, “pero va a ser una ayuda extranjera que tenga sentido y esté alineada con nuestro interés nacional”.
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Los periodistas de la AP Matthew Lee, Farnoush Amiri y Lindsay Whitehurst en Washington contribuyeron a este despacho.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de la AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
FUENTE: Associated Press
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