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SUSCRIBITEEl Departamento de Justicia de EE. UU. abrió una investigación por presunto fraude en el movimiento Black Lives Matter. Se analizan millones en donaciones recibidas durante las protestas por George Floyd y la compra de una mansión en Los Ángeles
El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) abrió una investigación formal sobre presuntas irregularidades financieras dentro del movimiento Black Lives Matter (BLM), centrada en el presunto uso indebido de fondos donados durante las protestas por justicia racial del verano de 2020.
Según confirmó el medio Just The News citando fuentes cercanas al caso, las autoridades indagan si los líderes de la Black Lives Matter Global Network Foundation, Inc. y otras organizaciones asociadas defraudaron a los donantes que aportaron millones de dólares al movimiento tras la muerte de George Floyd en Minneapolis.
Durante las protestas de 2020, BLM recaudó más de 90 millones de dólares en donaciones destinadas a promover la justicia racial y apoyar a comunidades afroamericanas. Sin embargo, la gestión de esos fondos ha sido objeto de controversia, especialmente después de que se revelara la compra de una propiedad de 6 millones de dólares en Los Ángeles, presuntamente financiada con dinero del movimiento.
La investigación habría comenzado durante la administración de Joe Biden, pero —según Associated Press— ha recibido una nueva atención bajo la actual administración presidencial, que busca determinar cómo fueron utilizados los recursos donados.
La fundación Black Lives Matter reconoció públicamente haber recibido citaciones del Departamento de Justicia, aunque afirmó no ser el objetivo directo de la investigación federal.
“Seguimos comprometidos con la plena transparencia, la rendición de cuentas y la administración responsable de los recursos dedicados a construir un futuro mejor para las comunidades negras”, señaló la organización en un comunicado oficial.
Contexto y repercusión
El caso ha reavivado el debate sobre la fiscalización de movimientos sociales que manejan grandes sumas de dinero y sobre la responsabilidad de sus dirigentes ante los donantes.
Analistas políticos consideran que esta investigación podría marcar un precedente en la regulación de organizaciones sin fines de lucro que operan con alto impacto social y mediático.
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