Zoe Logfren, Luis Gutiérrez y Lucille Roybal-Allard, autores principales de la legislación, dijeron en conferencia de prensa que la ley vigente no establece la obligatoriedad de dar asesoría legal a personas que enfrentan órdenes de deportación, aún si son niños.
Agregaron que cuando los niños cuentan con abogado tienen cinco veces más posibilidades de recibir un alivio migratorio.
La iniciativa, similar a una lanzada recientemente en el Senado, surge después de que decenas de miles de hondureños, guatemaltecos y salvadoreños llegaran en 2014 a la frontera estadounidense sin documentos. Muchos alegan que huyen de la violencia desatada por las pandillas y el crimen organizado.