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El memorando parece representar una extraordinaria reivindicación de los poderes de guerra presidenciales, ya que Trump declaró que el tráfico de drogas hacia Estados Unidos equivale a un conflicto armado que requiere el uso de la fuerza militar, lo que es una nueva justificación para acciones pasadas y futuras.
“El presidente determinó que Estados Unidos está en un conflicto armado no internacional con estas organizaciones terroristas designadas”, dice el memorando. Trump ordenó al Pentágono “realizar operaciones contra ellas de acuerdo con el derecho de los conflictos armados”.
“Estados Unidos ha alcanzado ahora un punto crítico en el que debemos usar la fuerza en defensa propia y de otros contra los ataques continuos de estas organizaciones terroristas designadas”, según el memorando.
Además de indicar un posible nuevo momento en la agenda de “Estados Unidos primero” de Trump —que se inclina por la no intervención en el extranjero—, la declaración plantea serias interrogantes sobre hasta qué punto la Casa Blanca pretende utilizar sus poderes de guerra y sobre si el Congreso ejercerá su autoridad para aprobar —o prohibir— tales acciones militares.
“Estados Unidos está dando un paso mucho más drástico, uno que creo que es una extensión muy, muy lejana del derecho internacional y también peligroso”, comentó Matthew Waxman, quien fue un funcionario de seguridad nacional en el gobierno de George W. Bush. “Significa que Estados Unidos puede atacar a miembros de esos cárteles con fuerza letal. Significa que Estados Unidos puede capturarlos y detenerlos sin juicio”.
El mes pasado, las fuerzas armadas estadounidenses llevaron a cabo tres ataques mortales contra lanchas en el Caribe, a las que el gobierno acusó de transportar drogas. Al menos dos de esas operaciones se efectuaron contra embarcaciones procedentes de Venezuela.
Esos ataques se perpetraron luego de que Estados Unidos desplegó una fuerza marítima en el Caribe mayor a lo que se haya visto en los últimos años. La presencia de la Marina estadounidense en la región —ocho buques de guerra con más de 5.000 marineros e infantes de Marina— ha sido bastante estable durante semanas, según dos funcionarios de defensa, que hablaron bajo condición de anonimato para discutir operaciones en curso.
El memorando no incluía una marca de tiempo, pero hace referencia a un ataque estadounidense del 15 de septiembre que “resultó en la destrucción de la embarcación, los narcóticos ilícitos y la muerte de aproximadamente 3 combatientes ilegales”.
“Como hemos dicho muchas veces, el presidente actuó de conformidad con el derecho de los conflictos armados para proteger a nuestro país de aquellos que intentan traer veneno mortal a nuestras costas, y está cumpliendo su promesa de enfrentarse a los cárteles y eliminar estas amenazas a la seguridad nacional para evitar que asesinen a más estadounidenses”, declaró la Casa Blanca.
Funcionarios del Pentágono informaron el miércoles a los senadores sobre los ataques, según una persona al tanto del asunto que no estaba autorizada a hacer comentarios públicos y habló a condición de guardar el anonimato. El Pentágono remitió las preguntas a la Casa Blanca.
Lo que el gobierno de Trump expuso en la sesión informativa secreta en el Capitolio fue percibido por varios senadores como la búsqueda de un nuevo marco legal que genera interrogantes, particularmente en cuanto al papel del Congreso en autorizar cualquier medida de este tipo, dijo esa persona.
Funcionarios del Pentágono también informaron al personal de la Cámara de Representantes la semana pasada sobre los ataques, según otra persona que fue informada sobre la reunión y que también habló bajo condición de anonimato.
El memorando, que fue reportado anteriormente por The New York Times, presenta un argumento que se considera es la justificación del gobierno de los ataques militares que ya ha realizado contra embarcaciones en el Caribe —que han suscitado preocupaciones de los legisladores de que pudiesen ser ilegales— y para cualquier acción futura.
Un funcionario de la Casa Blanca que no estaba autorizado a hacer comentarios públicos y habló bajo condición de anonimato dijo que el memorando fue enviado al Congreso el 18 de septiembre y no transmite ninguna información nueva. La persona familiarizada con la sesión informativa del Senado dijo que fue transmitido esta semana.
Trump ha designado a varios cárteles de la droga latinoamericanos como organizaciones terroristas extranjeras, y previamente el gobierno había justificado la acción militar, diciendo que se trató de una escalada necesaria para frenar el flujo de drogas hacia Estados Unidos.
Funcionarios del Pentágono no pudieron proporcionar una lista de las organizaciones terroristas designadas en el centro del conflicto, lo que generó mucha frustración entre algunos de los legisladores que fueron informados, según la persona al tanto del asunto.
Aunque “naciones extranjeras amigas han hecho esfuerzos significativos para combatir a estas organizaciones”, estos grupos ”son ahora transnacionales y cometen ataques continuos en todo el hemisferio occidental como cárteles organizados”, según el memorando, que describe a los miembros de cárteles como “combatientes ilegales”.
El gobierno de Trump está tratando de justificar el uso de la fuerza militar contra los cárteles de la droga de la misma manera que el gobierno de Bush justificó la guerra contra Al Qaeda tras los ataques del 11 de septiembre de 2001, dijo Waxman, quien trabajó en los Departamentos de Estado y Defensa y en el Consejo de Seguridad Nacional bajo Bush.
Sin embargo, Bush tenía autorización del Congreso, a diferencia de Trump. El gobierno de Trump está argumentando que ya no tiene que considerar las circunstancias individuales del uso de la fuerza, dijo Waxman, quien ahora preside el Programa Leyes de Seguridad Nacional de la Facultad de Derecho de Columbia.
“Básicamente está diciendo: ‘No tenemos que participar en ese tipo de toma de decisiones caso por caso’”, señaló Waxman. “Todos estos botes que transportan personal enemigo pueden ser atacados, ya sea que se dirijan hacia Estados Unidos o no”.
Waxman dijo que es previsible que Estados Unidos lance más ataques y “veremos si Estados Unidos da el siguiente gran paso y se involucra en el uso de fuerza letal o armada en el territorio de otro Estado”.
Senadores y legisladores de ambos partidos políticos han presionado a Trump para que acuda al Congreso y solicite autoridad sobre poderes de guerra para operaciones contra presuntos traficantes de drogas. Varios senadores y grupos defensores de los derechos humanos cuestionaron la legalidad de la medida de Trump. Dijeron que se trató de una posible extralimitación de la autoridad ejecutiva, en parte porque se utilizó a las fuerzas armadas para fines policiales.
El senador Jack Reed, el principal demócrata en la Comisión de Servicios Armados del Senado, dijo que los cárteles de la droga son “despreciables”, pero que el gobierno de Trump no ha ofrecido “una justificación legal creíble, evidencia ni datos de inteligencia para estos ataques”.
Reed, un exoficial del ejército, dijo que “todos los estadounidenses deberían alarmarse de que su presidente haya decidido que puede librar guerras secretas contra cualquiera que llame enemigo”.
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Los periodistas de The Associated Press Konstantin Toropin, Ben Finley y Michelle L. Price contribuyeron a este despacho.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
FUENTE: Associated Press
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