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SUSCRIBITELa novedad es clara: lo que antes era llamado “redes de reclutamiento” es ahora considerado por EE. UU. como expresión de una política de Estado de trata de personas. Eso cambia la naturaleza de las acusaciones: ya no se habla de actividades criminales aisladas, sino de complicidad gubernamental directa
El más reciente Informe sobre Trata de Personas 2025 (TIP, por sus siglas en inglés) del Departamento de Estado de Estados Unidos introduce una acusación inédita contra el gobierno cubano: la participación directa en el reclutamiento de ciudadanos para combatir en la guerra de Rusia contra Ucrania.
Lo que en años anteriores aparecía como denuncias aisladas sobre “redes de reclutamiento”, ahora es presentado como una política de Estado de trata de personas, un cambio que eleva considerablemente la gravedad de las acusaciones.
En 2023, Cuba informó la detención de 17 personas vinculadas al tráfico de personas y mercenarismo, supuestamente responsables de reclutar jóvenes para el frente de batalla en Ucrania. Sin embargo, esos casos fueron tratados como episodios aislados y las autoridades de la isla no volvieron a pronunciarse sobre la investigación.
El informe TIP 2025 sostiene que el fenómeno fue mucho más amplio y estructurado: entre junio de 2023 y febrero de 2024, más de 1.000 cubanos habrían firmado contratos con las fuerzas rusas, muchos de ellos bajo engaño. Las ofertas de trabajo civil, contratos redactados en ruso, retención de pasaportes y promesas de salarios de hasta 2.000 dólares mensuales figuran entre los métodos documentados.
Según Washington, el régimen cubano facilitó la emisión acelerada de pasaportes y omitió sellos de salida para encubrir su participación oficial.
La novedad del informe es la equiparación del reclutamiento militar con las misiones médicas internacionales, señaladas desde hace años como prácticas de explotación laboral forzada. Ahora, ambas aparecen en el mismo nivel como modalidades de trata patrocinadas por el Estado.
Para el Departamento de Estado, no se trata de abusos aislados, sino de un sistema de control y sometimiento ejercido por el gobierno cubano sobre sus ciudadanos.
El documento insta a La Habana a investigar y sancionar a funcionarios implicados, garantizar que los ciudadanos conserven sus documentos de identidad, eliminar restricciones arbitrarias de movimiento y ofrecer mayor protección legal a las víctimas.
El giro en el enfoque del TIP 2025 incrementa la presión internacional sobre el régimen cubano, al situar la supuesta complicidad estatal en un terreno más grave que el de simples irregularidades.
Históricamente, el gobierno cubano ha rechazado estas acusaciones calificándolas de “calumnias políticas” y se espera una reacción similar frente al informe de este año. No obstante, la incorporación de datos más precisos sobre contratos, flujos migratorios y presunta complicidad estatal complica la defensa oficial de La Habana.
El caso de los mercenarios cubanos en Ucrania se convierte así en la acusación más seria y novedosa que enfrenta Cuba en materia de trata de personas por parte de Estados Unidos. Su inclusión en el informe no solo afecta la imagen internacional de la isla, sino que también conecta la guerra en Ucrania con el sistema interno de control y explotación del régimen cubano, generando un foco de escrutinio sin precedentes.
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