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SUSCRIBITELa demanda acusa a la Casa Blanca de violar leyes federales al reestructurar el HHS, despedir a miles de empleados y debilitar programas clave de salud pública
Un grupo de 19 fiscales generales estatales presentó una demanda contra la Administración Trump este lunes, alegando que la reciente reestructuración del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) viola cientos de leyes federales y socava la autoridad del Congreso.
La demanda, presentada ante un tribunal de distrito en Rhode Island y encabezada por la fiscal general de Nueva York, Letitia James, denuncia que la reducción de agencias dentro del HHS —de 28 a 15— y el despido de aproximadamente 20.000 empleados constituye una acción “imprudente, irracional y peligrosa” que pone en riesgo la salud pública en todo el país.
“Esta Administración no está racionalizando el Gobierno federal; lo está saboteando”, expresó James en un comunicado. “Cuando se despide a científicos que investigan enfermedades infecciosas, se silencian médicos que atienden a personas embarazadas y se cierran programas que protegen a bomberos, mineros y niños, no se está haciendo a Estados Unidos más sano. Se están poniendo en peligro innumerables vidas.”
La reorganización fue anunciada en marzo por el secretario de Sanidad, Robert F. Kennedy Jr., quien defendió la medida argumentando que generaría un ahorro anual de $1.800 millones de dólares para los contribuyentes. Kennedy aseguró que la reforma busca alinear al HHS con su misión principal, enfocándose en combatir la creciente epidemia de enfermedades crónicas.
La medida forma parte de un plan más amplio de "eficiencia gubernamental" impulsado por el nuevo Departamento de Eficiencia Gubernamental, liderado por Elon Musk, que asesora a la administración en temas de reorganización estructural. La semana pasada, la Casa Blanca presentó un anteproyecto de presupuesto federal para 2026 que incluye un recorte del 26 % en el financiamiento discrecional del HHS.
La demanda señala que estos recortes no solo vulneran competencias legales del Congreso, sino que también dejan al Gobierno federal sin capacidad operativa para ejecutar funciones vitales de salud pública.
El caso adquiere un matiz político adicional, ya que la fiscal Letitia James, principal impulsora del litigio, fue recientemente referida a un proceso penal federal por un supuesto fraude hipotecario, relacionado con propiedades en Virginia y Nueva York.
Pese a las acusaciones, James mantiene su liderazgo en el caso y aseguró que la coalición de fiscales seguirá adelante para frenar lo que consideran una amenaza directa a los servicios de salud pública en Estados Unidos.
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