La decisión confirma el fallo de una instancia menor según la cual los estados de Veracruz, Tamaulipas y Quintana Roo no pueden presentar tal demanda debido a que la zona afectada es propiedad del gobierno mexicano.
El gobierno federal de México introdujo un recurso similar en 2013, que avanza por el sistema judicial.
La demanda presentada por los estados mexicanos exige pagos por daños sufridos a raíz del derrame petrolero, afirmando que los estados sufrieron pérdidas financieras, una caída del turismo y la contaminación de sus costas.