La orden exigirá a las instituciones financieras estadounidenses que faciliten el acceso a 3.500 millones de dólares de los activos para cubrir la ayuda y las necesidad básicas de los afganos. Los otros 3.500 millones seguirán en Estados Unidos y se emplearán para financiar los litigios en curso de las víctimas estadounidenses del terrorismo, agregó el funcionario, que habló bajo condición de anonimato porque la decisión no había sido anunciada formalmente.
