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SUSCRIBITENUEVA YORK (AP) — Estados y ciudades gobernados por demócratas presentaron demandas el lunes para impugnar una norma federal que según afirman, otorga a la administración del presidente Donald Trump una amplia discreción para negar tarjetas de residencia permanente (green cards) a inmigrantes que dependen de la asistencia pública para alimentos, atención médica, vivienda y otras necesidades básicas.
Las demandas cuestionan el plan del Departamento de Seguridad Nacional de reactivar una norma de “carga pública” que el republicano impuso originalmente durante su primer mandato, pero que fue revertida bajo su sucesor, el presidente demócrata Joe Biden.
La fiscal general de Nueva York, Letitia James, quien encabeza en una de las demandas una coalición de otros 21 estados, sostuvo que la norma obligaría a familias inmigrantes necesitadas a elegir entre solicitar ayuda y buscar un estatus legal en el país.
“Esta norma se aprovecha de ese miedo y cuenta con que las familias renuncien a la asistencia alimentaria, la cobertura de atención médica y otros beneficios públicos a los que tienen derecho legal”, declaró James durante una conferencia de prensa el lunes en el Ayuntamiento, junto al alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, y defensores de los inmigrantes.
California, Colorado, Hawai, Massachusetts, Michigan, Nevada, Nuevo México y Wisconsin figuran entre los estados involucrados en la impugnación legal.
Mamdani presentó una demanda por separado junto con líderes de otras ciudades entre ellas Chicago, San Francisco y Seattle. Señaló que la norma tendría un “efecto disuasorio” no solo sobre los inmigrantes que buscan un estatus legal, sino también sobre otros residentes de la ciudad más grande del país.
“La nueva norma de carga pública busca negarle a las familias inmigrantes los programas que han mantenido a la gente alimentada y saludable durante décadas", indicó el alcalde. "Los neoyorquinos tendrán miedo de ir al médico o de pedir ayuda a la que tienen derecho legal. Ese miedo no será solo para las familias a las que el gobierno federal está apuntando”.
Portavoces del Departamento de Seguridad Nacional y del Servicio de Ciudadanía e Inmigración, ambos mencionados en las demandas, no respondieron a correos electrónicos en los que se solicitaban comentarios.
Las demandas, presentadas ambas ante un tribunal federal en Manhattan, sostienen que la norma que comenzará a aplicarse el viernes es “arbitraria y caprichosa”, excede la autoridad legal del Departamento de Seguridad Nacional y se aparta del significado histórico y de larga data de la disposición federal sobre carga pública.
En particular, explicó James, la norma otorga de manera ilegal a los funcionarios de inmigración una amplia discreción para considerar una extensa gama de beneficios públicos al tomar decisiones sobre inmigrantes que buscan un estatus legal en el país.
Indicó que la norma permite a los agentes de inmigración contabilizar casi cualquier beneficio público, utilizado durante cualquier período de tiempo, en contra de un solicitante de green card, incluso si quien aprovecha el beneficio es un familiar ciudadano de Estados Unidos.
Eso significa que la solicitud de green card de un padre o madre podría estar en riesgo simplemente porque su hijo ciudadano de Estados Unidos utilizó un seguro médico proporcionado por el estado o participó en el programa de almuerzos gratuitos de una escuela, señaló James.
“Esta nueva norma barre con más de un siglo de derecho consolidado para ampliar ilegalmente la definición de ‘carga pública’ de una manera que el Congreso nunca pretendió”, añadió Steve Banks, asesor jurídico principal de la ciudad.
El fiscal general de California, Rob Bonta, calificó la norma como una “política cruel”.
La ley federal ya exige que quienes buscan la residencia permanente o un estatus legal demuestren que no se convertirán en una carga pública.
La nueva norma no describe ni especifica qué beneficios y programas podrían considerarse una carga pública.
Simplemente indica que los agentes, “usando buen juicio y discreción”, harán “determinaciones individualizadas, basadas en hechos, de inadmisibilidad por carga pública, basadas en la totalidad de las circunstancias del extranjero”.
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Contribuyeron a esta nota las corresponsales Sophie Austin en Sacramento, California y Cybele Mayes-Osterman en Chicago.
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FUENTE: AP
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