Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.
SUSCRIBITEEn solo tres meses, el régimen impuso más de 425 mil multas y recaudó más de mil millones de pesos, en medio de una profunda crisis que golpea a millones de cubanos
En medio de una de las peores crisis económicas que ha enfrentado Cuba en décadas —marcada por la inflación descontrolada, la escasez de productos básicos y salarios que no cubren las necesidades mínimas— el régimen ha intensificado su política de sanciones económicas. Solo en el primer trimestre de 2025, se impusieron más de 425,000 multas en todo el país, generando ingresos superiores a mil millones de pesos cubanos.
Según datos publicados por el diario oficial Granma, las provincias más afectadas por esta oleada de sanciones fueron La Habana, Santiago de Cuba, Camagüey y Holguín. Sin embargo, el informe oficial no especifica las causas más comunes de las infracciones ni el perfil de los ciudadanos multados.
La directora nacional de Multas del Ministerio de Finanzas y Precios, Heidi Bas Sosa, informó que se logró un 90,1 % de efectividad en el cobro, aunque admitió que “no es lo óptimo”. Aun así, consideró la cifra como un resultado positivo de cara a futuros objetivos recaudatorios.
Bas Sosa también destacó que el crecimiento en el uso de pagos digitales, particularmente a través de la plataforma Transfermóvil, ha facilitado la recaudación. Estos pagos ya representan el 25,4 % del total, lo que equivale a 179 millones de pesos.
La legislación cubana establece que las multas deben pagarse en un plazo de 60 días: los primeros 30 con el monto original, y los siguientes 30 con el doble del importe. Pasado ese periodo, se activan mecanismos de cobro forzoso, incluyendo el embargo de salarios y otras medidas coercitivas.
El sistema de multas está respaldado por una coordinación institucional que involucra a la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), el Ministerio del Transporte, el Ministerio de Salud Pública y otros organismos, lo que refuerza el carácter estructural de esta estrategia como instrumento de control y presión social.
A nivel nacional, aún quedan más de 184,000 multas pendientes de pago, muchas de ellas pertenecientes a personas catalogadas como “multirreincidentes”. En estos casos, se aplican medidas legales más severas, e incluso el impago puede ser considerado delito penal. De hecho, ya se han presentado 269 expedientes ante la PNR por un valor acumulado de seis millones de pesos.
Multas como herramienta de control
La ofensiva sancionadora ha sido particularmente visible en las últimas semanas en La Habana. En marzo, durante el II Ejercicio Nacional de Prevención y Enfrentamiento al Delito, las autoridades impusieron cuantiosas multas a cuentapropistas y vendedores ambulantes en el municipio Plaza de la Revolución. Las sanciones, que alcanzaron hasta 16,000 pesos, se aplicaron por presuntas violaciones como la venta de productos vencidos, precios considerados especulativos o ejercer actividades económicas sin licencia.
En muchos casos, los infractores fueron obligados a realizar ventas forzosas a precios oficiales, una práctica que ha sido fuertemente criticada por penalizar aún más a sectores ya duramente golpeados por la crisis.
No solo los emprendedores privados han sido blanco de las sanciones. En La Habana, también trascendió la multa a una empresa estatal por abrir un hueco en la acera frente a su sede para desaguar aguas residuales, bajo el argumento de daño al espacio público.
Tecnología y represión
En un nuevo frente de esta política restrictiva, el régimen ha comenzado a perseguir el uso de antenas no autorizadas para acceder a internet, calificando esta práctica como un delito relacionado con el uso ilícito del espectro radioeléctrico. Esta advertencia se inscribe en el mismo patrón de control institucional y apunta a limitar las formas independientes de conectividad, en un contexto donde el descontento social y la necesidad de comunicación son cada vez mayores.
Este tipo de acciones represivas no son nuevas. En diciembre de 2024, el gobierno provincial de Las Tunas lanzó una ofensiva contra la economía informal, imponiendo cientos de sanciones a trabajadores por cuenta propia por supuestas irregularidades en licencias, precios y uso del espacio público.
En todos los casos, el argumento oficial ha sido el mismo: “combatir las ilegalidades”. Sin embargo, para muchos cubanos, esta estrategia representa una forma de represión económica institucionalizada que, lejos de aliviar la crisis, agrava la precariedad y restringe aún más las posibilidades de sobrevivir en un entorno asfixiante.
Suscribite a nuestro Newsletter