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El juez de inmigración que lleva el caso de la exjueza cubana Melody González Pedraza ha ordenado su expulsión de Estados Unidos, país donde solicitaba asilo político tras acogerse al programa de parole humanitario implementado por la administración de Joe Biden.
La decisión judicial, con fecha del 21 de mayo, aún no le ha sido oficialmente notificada, según confirmó la propia González a DIARIO DE CUBA.
A partir de la notificación formal, la exmagistrada dispone de 30 días para apelar la decisión, aunque aún no ha definido si recurrirá, ya que —según explicó— debe evaluar cuidadosamente sus opciones.
González Pedraza ingresó a territorio estadounidense el 30 de mayo de 2024 mediante el programa de parole humanitario, pero su entrada fue denegada y solicitó entonces protección internacional. Desde su llegada, permanece detenida en el centro de reclusión Broward Transitional Center, en Pompano Beach, Florida.
La exjueza figura en una lista de más de un centenar de ciudadanos cubanos presuntamente vinculados al aparato represivo del régimen, elaborada por la organización Represores Cubanos —iniciativa de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba (FDHC)— y entregada en marzo pasado a la Casa Blanca por el congresista republicano Carlos Giménez.
Su inclusión en esa lista se basa en su actuación en abril de 2024 como presidenta del Tribunal Municipal de Encrucijada, en Villa Clara, donde dictó sentencia contra cuatro jóvenes cubanos acusados de lanzar cócteles molotov contra propiedades de funcionarios de la Seguridad del Estado. Según declaró la propia González en una entrevista previa con este medio, las condenas se emitieron pese a la falta de pruebas suficientes y bajo presión de superiores y de la Seguridad del Estado.
Los acusados —Eddy Daniel Rodríguez Milián, Luis Ernesto Medina Pedraza, Andy Gabriel González Fuentes y Adain Barreiro Pérez— recibieron penas de entre tres y cuatro años de prisión. Días después, la exjueza viajó a Estados Unidos.
Durante el proceso migratorio, el abogado cubano Santiago Alpízar, presidente de la organización Cuba Demanda, presentó testimonios y documentos que, según él, demuestran que González Pedraza actuó como agente represiva al servicio del Partido Comunista de Cuba. Entre las pruebas figura una declaración firmada por las otras dos juezas que integraron el tribunal junto a ella, quienes aseguraron no haber participado en la deliberación ni haber aprobado la sentencia emitida.
Uno de los argumentos clave para denegarle la entrada a Estados Unidos fue precisamente su afiliación al Partido Comunista de Cuba, confirmada durante una audiencia celebrada el 31 de julio de 2024.
Su esposo, quien también solicitaba asilo en EE. UU., ya fue deportado a Cuba tras concluir su proceso migratorio.
Para la abogada Maylín Fernández Suris, colaboradora legal de DIARIO DE CUBA, el caso de González Pedraza debería servir como advertencia para otros jueces, fiscales y funcionarios del sistema judicial cubano. “Deben asumir con claridad las consecuencias de su participación en un sistema que sistemáticamente viola los derechos fundamentales”, señaló.
Fernández Suris advirtió que, de concretarse la deportación, González Pedraza enfrenta un alto riesgo de represalias por parte del régimen cubano. “No es improbable que sea imputada por un presunto delito contra la seguridad del Estado, lo que podría derivar en prisión, como forma de castigo ejemplar”, explicó. Para el régimen, colaborar con la prensa independiente o con organizaciones del exilio cubano es suficiente para considerarla enemiga.
El destino inmediato de la exjueza ahora depende de si decide apelar la sentencia de expulsión. Mientras tanto, continúa detenida a la espera de una resolución definitiva.
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