La muerte del preso político cubano Luis Miguel Oña Jiménez, de 27 años, ha reavivado denuncias sobre el sistema penitenciario en la isla.
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SUSCRIBITEMuere preso político del 11J tras licencia médica: denuncian negligencia en cárceles cubanas
Fallece Luis Miguel Oña, condenado por el 11J, tras salir con licencia extrapenal por grave deterioro de salud en prisión
La organización Prisoners Defenders informó que el joven falleció días después de recibir una licencia extrapenal, figura legal aplicada cuando un recluso presenta un estado de salud irreversible.
Oña cumplía una condena de 12 años por sedición tras su participación en las históricas protestas del Protestas del 11 de julio en Cuba.
Condena y deterioro en prisión
El joven estaba recluido en la prisión de Panamá, en el municipio de Güines, provincia Mayabeque.
Según la denuncia, Oña —paciente con VIH/SIDA— sufrió una isquemia mientras se encontraba bajo custodia, lo que le provocó pérdida de movilidad en boca, manos y pies.
Tras su hospitalización, fue dado de alta sin expectativas de recuperación y trasladado a su vivienda. Murió tres días después.
Prisoners Defenders sostiene que la licencia extrapenal se concedió cuando su estado ya era crítico, lo que —según la ONG— evita que el fallecimiento ocurra dentro de un centro penitenciario.
La noticia circuló junto a un audio difundido por su madre, Ivón Jiménez.
“¿Cómo es posible que un muchacho de 27 años termine así por salir a manifestarse?”, expresó en la grabación.
El testimonio generó reacciones entre activistas y familiares de otros reclusos vinculados al 11J.
Debate sobre atención médica en prisión
Organizaciones de derechos humanos han denunciado de manera reiterada:
-
Hacinamiento
Falta de acceso a especialistas
Carencias de medicamentos
Demoras en traslados hospitalarios
El caso de Oña vuelve a colocar bajo la lupa el tratamiento a los procesados por las protestas de 2021, consideradas un punto de quiebre en la historia reciente de Cuba.
Impacto político y humano
Mientras el gobierno cubano no ha emitido un pronunciamiento oficial detallado sobre el caso, activistas señalan que el fallecimiento se suma a una lista de denuncias sobre el costo humano de la represión posterior al 11J.
Para su familia, más allá del debate legal, se trata de la pérdida de un joven que cumplía una larga condena mientras enfrentaba una enfermedad crónica.
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