Según publica el periodista Mario J. Pentón, Amalio Alfaro Matos, exjuez cubano conocido por dictar sentencias contra opositores políticos en la provincia de Guantánamo, se encuentra residenciado en Tampa, Florida, tras haber ingresado a Estados Unidos el 12 de abril de 2023 mediante el programa de parole humanitario.
Actualmente, ha solicitado acogerse a la Ley de Ajuste Cubano para obtener la residencia permanente, aunque aún no ha recibido ni siquiera el permiso de trabajo, según informó una fuente familiar que prefirió mantenerse en el anonimato .
La presencia de Alfaro Matos en territorio estadounidense ha generado indignación entre quienes fueron víctimas directas de sus fallos judiciales. El periodista independiente Roberto de Jesús Quiñones Haces, condenado en 2019 a un año de cárcel por supuesta “resistencia” y “desobediencia” mientras cubría el juicio a dos pastores evangélicos, denunció que la sentencia fue firmada por Alfaro Matos. Quiñones Haces afirmó que se le negó el amparo pese a haber presentado un recurso de súplica y que nunca se permitió la apelación, un derecho fundamental para cualquier acusado. Para el periodista, la presencia del exjuez en Florida es una afrenta al exilio cubano, ya que considera injusto que alguien que actuó como represor y jamás ha pedido perdón viva cómodamente en Estados Unidos mientras los verdaderos perseguidos siguen atrapados en la isla .
Javier Larrondo, presidente de la organización no gubernamental Prisoners Defenders, corroboró con documentos la participación de Alfaro Matos en la condena del activista Éider Frómeta Allen, quien fue sentenciado a 15 años de prisión por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021. Larrondo destacó que en Cuba no existe el debido proceso y que los tribunales están subordinados al Partido Comunista y a la Seguridad del Estado .
La situación de Alfaro Matos ha reavivado el debate sobre la presencia de antiguos funcionarios del régimen cubano en Estados Unidos y ha generado cuestionamientos sobre los criterios de admisión migratoria y los mecanismos de justicia transicional para quienes han sido cómplices de la represión en la isla.