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SUSCRIBITEUna exclusiva del Miami Herald revela un plan que incluía capital estadounidense para CUPET y suministro estable de petróleo a cambio de profundas concesiones
La administración de Donald Trump habría planteado al Gobierno cubano un amplio acuerdo energético que contemplaba suministro estable de petróleo estadounidense, inversiones para modernizar la deteriorada infraestructura de la isla y la privatización total o parcial de CUPET, según una exclusiva publicada por el Miami Herald basada en una fuente con conocimiento directo de las conversaciones.
El proyecto formó parte de los contactos reservados mantenidos durante 2026 entre representantes estadounidenses y Raúl Guillermo Rodríguez Castro, “El Cangrejo”, nieto de Raúl Castro.
Pero el acuerdo nunca llegó a concretarse.
Según la investigación, las dudas de La Habana, las profundas diferencias sobre el futuro político cubano y la reacción de sectores del exilio y de dirigentes cubanoamericanos en Miami contribuyeron al fracaso del acercamiento.
La propuesta energética habría estado además vinculada a una exigencia política de enorme alcance: la salida del poder de Miguel Díaz-Canel.
Estos detalles proceden del reporte del Miami Herald y de fuentes anónimas citadas por ese periódico; no han sido confirmados públicamente en todos sus extremos por los gobiernos de Estados Unidos y Cuba.
El componente central del plan era energético.
Según la fuente citada por el Herald, representantes estadounidenses transmitieron a Rodríguez Castro que Cuba podría recibir desde Estados Unidos el petróleo necesario para cubrir sus necesidades.
A cambio, Washington quería una transformación profunda de CUPET, la empresa petrolera estatal cubana.
La propuesta inicial habría contemplado su privatización y la entrada de inversionistas estadounidenses.
CUPET controla activos estratégicos para la economía cubana, incluidos instalaciones de almacenamiento, refinerías y otras infraestructuras vinculadas con la distribución de combustibles.
La opción preferida inicialmente por los representantes estadounidenses, según la exclusiva, era que inversionistas de Estados Unidos asumieran un papel dominante sobre CUPET.
En la práctica, una operación de ese tipo habría abierto al capital privado una parte fundamental de la infraestructura energética cubana.
La propuesta no se limitaba a vender petróleo.
Contemplaba además inversiones estadounidenses para rehabilitar un sistema energético afectado por décadas de deterioro y falta de capital.
El Gobierno cubano habría recibido la propuesta con importantes reservas.
Uno de los principales temores era sustituir la dependencia histórica de proveedores aliados por una nueva dependencia energética de Estados Unidos.
Durante décadas, Cuba dependió primero de la Unión Soviética y posteriormente de Venezuela para cubrir buena parte de sus necesidades petroleras.
Aceptar el proyecto estadounidense podía convertir a Washington en su principal proveedor energético.
Según el Herald, ese escenario provocó dudas entre los negociadores cubanos.
Ante esas reservas, los interlocutores estadounidenses habrían planteado alternativas.
Entre ellas figuraba una empresa conjunta entre inversionistas y el Gobierno cubano.
Otra posibilidad era permitir la participación de capital procedente de otros países.
La intención era encontrar una estructura que permitiera incorporar inversión privada y garantizar el suministro sin entregar necesariamente todo el control de CUPET a una sola compañía estadounidense.
Ninguna de esas fórmulas llegó a convertirse en un acuerdo.
El momento de las conversaciones resultaba especialmente sensible.
Cuba había perdido buena parte de sus suministros tradicionales de combustible y enfrentaba una crisis energética cada vez más profunda.
La infraestructura eléctrica cubana también arrastraba problemas estructurales.
Centrales termoeléctricas envejecidas, fallas frecuentes, falta de combustible y una insuficiente capacidad de generación habían convertido los apagones en un problema recurrente.
Las restricciones estadounidenses sobre el suministro de petróleo durante 2026 agravaron posteriormente esas dificultades. Reuters ha documentado el impacto del bloqueo petrolero sobre la generación eléctrica y las condiciones humanitarias de la isla.
La fuente consultada por el Miami Herald sostiene que aceptar el acuerdo habría proporcionado a Cuba un suministro estable y atraído inversiones hacia su infraestructura energética.
Pero esa afirmación representa una evaluación de la fuente y no puede comprobarse como un resultado que necesariamente habría ocurrido.
La implementación habría requerido resolver obstáculos financieros, jurídicos y políticos de enorme complejidad.
Entre ellos aparecen reclamaciones estadounidenses sobre propiedades nacionalizadas después de 1959.
Cualquier operación relacionada con determinados activos de CUPET y CIMEX habría tenido que considerar además litigios por propiedades confiscadas.
El caso de ExxonMobil adquirió especial importancia después de que la justicia estadounidense permitiera continuar un litigio relacionado con activos nacionalizados por el Gobierno de Fidel Castro.
Ese tipo de reclamaciones habría complicado una eventual entrada de inversionistas estadounidenses.
La exclusiva introduce además una dimensión política mucho más profunda.
Según la fuente del Herald, la propuesta estaba relacionada con una exigencia estadounidense para que Miguel Díaz-Canel abandonara el poder.
Funcionarios de la administración Trump considerarían al gobernante cubano un obstáculo para una transformación política de la isla, de acuerdo con el reporte.
No existe una confirmación pública oficial de que Washington haya presentado formalmente la salida de Díaz-Canel como condición contractual del proyecto energético.
Por ello, este punto debe atribuirse específicamente a las fuentes del periódico.
Del lado de La Habana, una figura adquirió un protagonismo inesperado:
Raúl Guillermo Rodríguez Castro, conocido como “El Cangrejo”.
Nieto de Raúl Castro y durante años integrante de su equipo de seguridad, Rodríguez Castro habría participado directamente en conversaciones con emisarios estadounidenses.
El Miami Herald había reportado previamente una reunión en St. Kitts y Nevis entre asesores vinculados a Rubio y el nieto de Raúl Castro.
Su participación generó una fuerte controversia debido a que no ocupa un cargo público que explique formalmente su papel negociador.
Mientras La Habana analizaba las propuestas, comenzaron a aparecer informaciones sobre las conversaciones secretas.
La revelación de que un miembro de la familia Castro estaba dialogando con representantes de la administración Trump provocó una reacción particularmente intensa en Miami.
Dirigentes cubanoamericanos cuestionaron públicamente cualquier acuerdo que pudiera preservar estructuras de poder vinculadas con los Castro.
La posibilidad de negociar con Rodríguez Castro resultaba especialmente sensible entre sectores del exilio.
El congresista Carlos Giménez negó públicamente en marzo que Rubio estuviera negociando con el nieto de Raúl Castro.
Mario Díaz-Balart sostuvo que los contactos no debían interpretarse como una negociación para preservar al sistema cubano, sino como conversaciones sobre una eventual salida.
María Elvira Salazar expresó también públicamente su rechazo a cualquier acuerdo destinado a mantener a la familia Castro en el poder.
Estas declaraciones públicas están separadas de la afirmación del Herald sobre cuánto influyeron efectivamente en la decisión interna de la administración.
Otro elemento de la controversia era Venezuela.
Sectores cubanoamericanos expresaron preocupación ante la posibilidad de que Washington buscara una transición que conservara parte de las estructuras existentes a cambio de acuerdos económicos.
La comparación con Venezuela aumentó las sospechas sobre cualquier negociación con miembros de la familia Castro.
Para los críticos de ese enfoque, un acuerdo económico sin cambios políticos profundos podía estabilizar al sistema en lugar de transformarlo.
Pero el principal obstáculo no estaba únicamente en Miami.
Según una persona que aseguró haberse reunido con Rodríguez Castro, el nieto de Raúl estaba abierto a reformas económicas y acuerdos con Estados Unidos, pero rechazaba que Washington decidiera cómo debía gobernarse Cuba.
Ese punto chocaba directamente con las exigencias políticas estadounidenses descritas en la investigación.
En términos prácticos:
La Habana podía discutir economía.
Pero no aceptaba que Estados Unidos determinara la composición de su Gobierno.
Según el reporte, las conversaciones terminaron chocando con otra realidad.
El círculo de los Castro no habría aceptado una retirada política completa.
Tampoco habría prosperado la salida de Díaz-Canel.
La fuente describió a Rodríguez Castro como un interlocutor impredecible y sostuvo que las posiciones cubanas todavía no estaban preparadas para aceptar el alcance del acuerdo.
Mientras las conversaciones perdían impulso, Díaz-Canel adoptó públicamente una línea de “resistencia” frente a las presiones estadounidenses.
En agosto declaró al Miami Herald que los contactos estaban “muy estancados” y rechazó realizar concesiones políticas exigidas desde Washington. La cobertura del periódico confirmó entonces el deterioro del proceso.
La retórica se endureció posteriormente con nuevas sanciones y acusaciones cruzadas.
Tras el fracaso del acercamiento, la administración Trump intensificó las sanciones.
Washington adoptó medidas contra GAESA, estructuras militares, funcionarios y empresas relacionadas con sectores estratégicos.
Posteriormente las sanciones alcanzaron también actividades relacionadas con CUPET.
La secuencia sugiere un cambio desde la exploración de un posible acuerdo económico hacia una estrategia de presión mucho más intensa.
Sin embargo, atribuir ese giro exclusivamente al fracaso de la propuesta energética sería ir más allá de la evidencia pública disponible.
El resultado práctico es que la crisis energética continúa.
La isla ha enfrentado graves dificultades para obtener combustible y mantener funcionando sus centrales eléctricas.
Washington sostiene que el Gobierno cubano no invirtió durante años en modernizar su infraestructura.
La Habana responsabiliza a las sanciones y al bloqueo petrolero estadounidense de agravar decisivamente la emergencia.
Reuters ha documentado ambas posiciones y el impacto real de las restricciones sobre el suministro energético.
Esta semana, durante una visita a Colombia, Marco Rubio volvió a responsabilizar a La Habana de la crisis.
El secretario de Estado sostuvo que Cuba perdió el petróleo venezolano que recibía en condiciones favorables y que el Gobierno tampoco había invertido suficientemente en su infraestructura energética.
La Habana rechaza esa interpretación y sostiene que la presión estadounidense constituye un factor decisivo del deterioro actual.
El dato oficial más reciente llegó desde el propio Gobierno cubano.
El canciller Bruno Rodríguez Parrilla reconoció que existen canales de comunicación con el Departamento de Estado, pero aseguró que no se han producido avances.
También afirmó que actualmente no existen negociaciones, acuerdos, agendas ni hojas de ruta. Reuters confirmó esas declaraciones esta semana.
Esto permite distinguir entre dos etapas.
La exclusiva del Miami Herald describe propuestas discutidas durante contactos reservados anteriores.
La posición oficial actual de La Habana es que no existe hoy una negociación formal.
De haberse materializado en los términos descritos por la fuente, el proyecto habría supuesto uno de los cambios económicos más profundos en las relaciones entre Cuba y Estados Unidos en décadas.
Capital estadounidense habría entrado en el sector petrolero cubano.
CUPET habría experimentado una transformación de su propiedad o administración.
Y Estados Unidos habría adquirido un papel central como proveedor energético de la isla.
Pero nada de eso ocurrió.
La historia revela hasta qué punto cualquier acercamiento entre Washington y La Habana continúa condicionado por cuestiones que trascienden la economía.
Estados Unidos habría buscado reformas económicas acompañadas de cambios políticos.
Los interlocutores cubanos habrían aceptado discutir apertura económica, pero rechazado que Washington determinara quién debía gobernar.
Y en Miami, sectores influyentes del exilio rechazaron públicamente cualquier fórmula que pudiera dejar a la familia Castro controlando una eventual transición.
El resultado fue el estancamiento.
Actualmente, Cuba y Estados Unidos mantienen canales de comunicación.
Pero según Bruno Rodríguez:
no hay negociación.
No existen acuerdos.
No hay hoja de ruta.
Y aquella propuesta que habría combinado petróleo estadounidense, inversión privada y una transformación de CUPET permanece, por ahora, como un acuerdo que nunca llegó a concretarse.
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