Brasil usa la ciencia forense para rastrear el origen del oro y frenar la minería ilegal en Amazonía

Si los análisis forenses demuestran que una muestra de oro fue extraída ilegalmente, la información ayuda a la policía a armar un caso y avanzar con investigaciones adicionales y, posiblemente, con cargos.

Quienes participan en delitos ambientales en Amazonía recurren con frecuencia al fraude para introducir sus productos en mercados legales, no solo en el caso del oro, sino también del ganado y la madera. Últimamente, el aumento de los precios del oro en todo el mundo no ha hecho más que impulsar la fiebre minera en la selva amazónica.

Amazon Mining Watch, una plataforma que utiliza imágenes satelitales para rastrear la minería, estima que, desde 2023, se han talado alrededor de 496.000 hectáreas (1,2 millones de acres) de selva tropical para la minería, incluidas unas 223.000 hectáreas (551.000 acres) en la Amazonía brasileña.

El Tribunal de Cuentas de la Unión, la principal institución de auditoría de Brasil, indicó el año pasado que había pruebas que sugerían que diversos permisos mineros otorgados por la Agencia Nacional de Minería a pequeños mineros estaban siendo utilizados para hacer pasar como legal oro extraído de áreas protegidas en Amazonía.

Greenpeace, en su propio informe independiente publicado en mayo, basado en registros de acceso público, imágenes satelitales y vigilancia aérea, detalló cómo funciona el esquema.

En el papel, el propietario de una mina legalmente autorizada en la Amazonía declara que, en esa mina, se extrajeron toneladas de oro.

Sin embargo, las imágenes satelitales y aéreas muestran que no ha habido actividad en el sitio de la mina legal. Mientras tanto, imágenes de tierras indígenas colindantes, donde la minería está prohibida, revelarían operaciones mineras a gran escala: una estafa de “mina fantasma”, como la llama Greenpeace.

Un tribunal federal de Pará, un estado del norte gravemente afectado por la minería ilegal, emitió una orden este mes para que instituciones como el Banco Central y la Agencia Nacional de Minería implementen un control efectivo y la trazabilidad de todo el oro, desde las minas hasta los mercados. Los fiscales federales de Brasil también presentaron una demanda contra la Agencia Nacional de Minería, en busca de una mejor supervisión de los permisos mineros.

El fiscal André Porreca, quien encabeza el caso, manifestó que los permisos se han convertido en una fachada utilizada “para lavar oro extraído por organizaciones criminales de territorios indígenas y áreas protegidas”.

Geiser, el perito forense, afirma que el laboratorio de oro de Brasilia es una pieza importante del rompecabezas que ayuda a combatir el delito y a fortalecer las cadenas globales de suministro de oro.

“Creo que poder afirmar que (el oro) tiene un origen legítimo y, por lo tanto, es válido para su inclusión en las reservas financieras de un país o de un banco, aporta solidez no solo al mercado, sino también a los vínculos financieros de los países”, señaló el experto.

No existen datos sobre cuántos delincuentes ha ayudado a encarcelar el laboratorio, pero Geiser dice que las redes criminales han comenzado recientemente a explotar países vecinos como Venezuela, Guayana Francesa y Surinam para lavar oro extraído ilegalmente. Han llegado a su laboratorio muestras del extranjero y se han sumado a la creciente base de datos, indicó.

El aumento del delito también ha obligado a los países de la región a reforzar la colaboración a través del Centro Internacional de Cooperación Policial Amazónica, con sede en la ciudad brasileña de Manaus.

Amazonía es la selva tropical más grande del mundo y un regulador clave del clima global, por lo que cualquier cosa que la degrade podría acelerar el calentamiento global, señalan los investigadores.

En un análisis realizado en 2023 por MapBiomas, una organización sin fines de lucro que monitorea el uso del suelo, se indica que más del 90% de la minería de Brasil se realiza en la región amazónica, y que casi el 40% es ilegal, ya que se realiza en áreas protegidas.

Aunque la minería ilegal de oro es un factor relativamente pequeño de la deforestación en comparación con la agricultura, el daño que inflige al medio ambiente es casi imposible de revertir, especialmente por el uso de mercurio para extraer el oro. Una vez separado el oro, el mercurio se deposita en los ríos, contaminando las fuentes de agua y los peces esenciales para la vida indígena.

En un estudio realizado en 2023 por Fiocruz, un instituto científico brasileño, se indica que el 21,3% de los peces en mercados amazónicos superó los límites de seguridad establecidos por la Organización Mundial de la Salud para niveles de mercurio, y que niños de entre 2 y 4 años consumían mercurio en niveles de hasta 31 veces el máximo recomendado.

Brasil firmó el acuerdo de la ONU conocido como el Convenio de Minamata sobre el Mercurio, que lo compromete a eliminar el uso de ese metal en la minería de oro.

El Ministerio de Minas y Energía de Brasil publicó este mes un borrador para eliminar gradualmente el mercurio; se prevé que dicho documento sea debatido hasta el 7 de agosto. Los fiscales federales han instado a que se consulte a los grupos indígenas —los más afectados por la contaminación—, pero eso aún no ha ocurrido.

Una prohibición total del mercurio reduciría la contaminación ambiental y reforzaría las investigaciones forenses, según Geiser, de la policía federal, cuyo laboratorio puede detectar cualquier rastro de mercurio en sus muestras.

“Hará aún más evidente que cualquier minería que use mercurio... es ilegal”, añadió.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP