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SUSCRIBITELA PAZ, Bolivia (AP) — En momentos críticos de la economía de Bolivia, el gobierno anunció el miércoles que cumplirá con su obligación de pagar 105 millones de dólares debido a un arbitraje que perdió ante el español Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) en el Tribunal Supremo de los Países Bajos por una nacionalización del sistema de pensiones hace 16 años.
“El Estado (boliviano) va a tomar las medidas que deben tomar para realizar el pago… Se van a tomar algunas medidas. No podemos adelantarlas”, dijo el viceministro de Pensiones Horacio Valencia en conferencia de prensa conjunta con el procurador el Estado Hugo César León y el subprocurador Roger Marcelo Longaric, entre otras autoridades.
Este arbitraje se suma a más de 20 que la nación andina perdió frente a más de una decena de empresas en el sector de los hidrocarburos, la electricidad y los fondos de pensiones, entre otros, por las nacionalizaciones que emprendió el gobierno del presidente Evo Morales (2006-2019).
Sobre el monto aproximado que el gobierno del presidente Rodrigo Paz debe pagar por el resultado de esos arbitrajes, el viceministro Valencia afirmó que se estima que están alrededor de los 800 millones de dólares y acotó que "están en proceso y en curso algunos de ellos”.
Las autoridades señalaron que esta deuda la heredaron de los gobiernos de izquierda de Morales y su sucesor Luis Arce (2020-2025) y anunciaron auditorías por los manejos “políticos”.
En la víspera se conoció la ratificación del fallo favorable a BBVA que consideró que Bolivia vulneró estándares internacionales, como el trato justo y equitativo y la prohibición de medidas arbitrarias, luego de la nacionalización de la administración de los fondos de pensiones de esa entidad financiera.
El Tribunal Supremo de los Países Bajos desestimó la última apelación de Bolivia en contra del fallo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) que ya había fallado a favor de BBVA.
La nacionalización del fondo de pensiones se dio en 2010 pero la transición duró 12 años y en 2023 pasó a la administración estatal mediante la creación de una gestora pública.
El fondo de pensiones estaba administrado en dos partes por la suiza Zurich South America Invest y por BBVA, que demandaron a Bolivia. El caso de la primera demandante se sigue por otros rieles.
El país sudamericano debe hacer esos pagos en momentos en que busca salir de la peor crisis económica en 40 años.
FUENTE: AP
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