Esta iniciativa tipifica como delito el pertenecer, financiar, apoyar, reclutar o ejecutar acciones de grupos criminales, y se castigará con penas de cárcel de 22 años. Además, la acumulación de penas relacionadas con tres o más delitos relacionados con esas bandas recibirá una sanción de hasta 60 años de prisión y no 40 como estaba establecido.
También plantea la inhabilitación, tras sentencia de un juez, de profesionales como contadores y abogados que presten servicios para el funcionamiento de esos grupos. Otro cambio es la aceleración de los procesos y trámites para la extinción de dominio de bienes vinculados con organizaciones criminales. En la ley vigente la extinción de dominio puede tardar muchos años.
En tanto, que las penas de cárcel suben a 13 años para delitos como el robo de combustibles, al que los grupos criminales acuden para el transporte de drogas según las autoridades, y la minería ilegal.
La nueva norma, calificada como “Antimafia”, recibió el apoyo de 85 legisladores, del partido oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) y de sus aliados, mientras que fue rechazada por 61 del bloque de la Revolución Ciudadana, del expresidente Rafael Correa (2007-2017).
La asambleísta del partido de gobierno, Mishel Mancheno, aseguró en el pleno que “el colaborador que presta su vivienda, su carro o una bodega a la mafia, actualmente no tiene una sanción”, pero con la nueva ley podría afrontar hasta 16 años de prisión.
“El combate al crimen organizado no se logra únicamente incrementando las penas”, sino atacando las finanzas de las economías criminales, expresó de su lado la congresista opositora de la Revolución Ciudadana, Jahiren Noriega.
El texto pasará a consideración del presidente conservador Daniel Noboa, el cual tiene derecho a vetarlo, cambiarlo o a dar la aprobación final.
Esta nueva ley se aprueba en el contexto de una espiral de violencia desatada por el crimen organizado, que de acuerdo con la policía es causada por disputas de rutas y territorios de distribución de drogas de grupos locales vinculados con cárteles de narcotraficantes de México y Colombia.
De acuerdo con organismos internacionales, Ecuador se ha convertido en una plataforma de almacenamiento y exportación de alrededor del 70% de la cocaína a nivel mundial que en su mayoría llega desde Colombia.
Para hacer frente a la arremetida criminal, Noboa decretó desde inicio del 2024 el estado de conflicto armado interno que permite la acción conjunta de policías y militares.
FUENTE: AP