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SUSCRIBITELA PAZ, Bolivia (AP) — Apenas seis meses después de asumir el presidente Rodrigo Paz está asediado por protestas y bloqueos que mantienen cercada a la capital política de Bolivia.
Dos semanas de cortes liderados por la Central Obrera Boliviana (COB), los sindicatos campesinos y los mineros han dejado a La Paz con mercados desabastecidos y hospitales sin reservas de oxígeno. Tres personas fallecieron por falta de auxilio médico, según el gobierno.
Sobre el final de la semana las protestas se tornaron violentas y varios sectores comenzaron a pedir la renuncia del mandatario, que no tiene mayoría en el Legislativo ni un partido fuerte que lo respalde.
“Los que están buscando destrozar la democracia irán a la cárcel”, advirtió Paz el viernes mientras los cortes de rutas se extendían a casi todo el país.
La COB comenzó exigiendo aumentos de sueldos y los campesinos abastecimiento de gasolina. Los mineros, que la víspera se enfrentaron con la policía, negocian por separado sus demandas de acceso a más áreas de explotación al igual que los maestros públicos, que exigen mejoras salariales.
“Las demandas reivindicativas han sido atendidas en gran medida conforme a la realidad, pero hay fuerzas oscuras que buscan desestabilizar la democracia”, dijo el vocero presidencial, José Luis Gálvez, en alusión al expresidente Evo Morales (2006-2019).
Paz repite que heredó un “Estado quebrado”, pero sus adversarios le reprochan su lenta respuesta ante la peor crisis de los últimos 40 años con escasez de combustibles y una inflación que el año pasado bordeó el 20%.
“Estamos en la anomia, no se avanzó en la agenda de cambio”, dijo el expresidente Jorge Quiroga (2001-2002) al tiempo que advirtió que “hay un movimiento subversivo que quiere cortar un mandato fresco”.
El gobierno no ha apelado a la fuerza pública para despejar las carreteras y ha privilegiado el diálogo y la negociación, sin resultados hasta ahora.
Según organizaciones empresariales, las protestas y paralizaciones provocan pérdidas por más de 50 millones de dólares diarios y hay unos 5.000 vehículos varados en las carreteras.
Desde 2024 Morales resiste en su feudo cocalero del Chapare, en el centro de Bolivia, una orden de detención por no presentarse ante la justicia para responder por el presunto abuso de una menor en 2016. El pasado lunes sumó otro pedido de arresto por la misma causa.
El Movimiento al Socialismo (MAS), que gobernó durante las últimas dos décadas primero con Morales y luego con Luis Arce (2020-2025), salió derrotado en los comicios del año pasado tras una cruenta disputa entre ambos exmandatarios.
“El gobierno y la derecha dicen que soy un cadáver político y que no tengo capacidad de movilizar a nadie, pero me siguen culpando… mientras no se atiendan las demandas estructurales como combustible, comida e inflación no se frenará la sublevación”, dijo Morales en la red social X.
A pesar de sus acaloradas declaraciones, los analistas creen que Morales ya no tiene poder de convocatoria y que está azuzando las protestas para evadir la justicia.
Tras el fin del ciclo del MAS el sistema político boliviano quedó fragmentado y sin una fuerza dominante.
Paz ganó los comicios de forma sorpresiva y el Partido Demócrata Cristiano (PDC), con el que llegó al poder, se dividió en el Legislativo. A su vez, el mandatario mantiene una abierta pugna con su vicepresidente, el expolicía Edman Lara.
Paz arrancó con fuerza su mandato y se abrió al mundo para romper el aislamiento internacional del MAS. Así logró promesas de inversiones y créditos, pero no todos se han materializado.
Como primera medida puso fin al subsidio a los combustibles, lo que hizo subir el precio de la gasolina y del diésel, pero sin que se produjeran protestas en una población cansada de la escasez anterior. Pero el gobierno importó gasolina de baja calidad que desató protestas de los transportistas por daños a sus vehículos que forzaron la renuncia del ministro de Hidrocarburos.
La falta de dólares sigue castigando a la economía y las reformas estratégicas prometidas por Paz están demoradas.
El presidente de la petrolera estatal, Sebastián Daroca, dijo que el país “vive al día” con el combustible. Los opositores cuestionan que el mandatario no haya recortado el gasto público ni haya definido la suerte de empresas estatales deficitarias.
FUENTE: AP
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