El pasado viernes, Telefónica recibió una sanción de 85 millones de dólares (equivalentes a 80 millones de euros) por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos, tras ser acusada de sobornar a funcionarios del gobierno de Venezuela mediante el uso de cuentas bancarias en territorio estadounidense. El esquema de sobornos incluía operaciones en divisas para evitar la devaluación de la moneda venezolana, encubriendo los pagos a través de compras infladas a proveedores chinos.
La filial venezolana de Telefónica, conocida como Telefónica Venezolana, habría participado en una subasta que le permitió adquirir dólares estadounidenses a cambio de bolívares, facilitando así los sobornos. Para encubrir estos pagos, la filial adquiría equipos a precios artificialmente altos, permitiendo a los proveedores destinar parte de ese sobreprecio al pago de sobornos, según la investigación.
Nicole Argentieri, subsecretaria de Justicia de la División Criminal, declaró que “Telefónica Venezolana eligió apoyar a un régimen corrupto para sortear las dificultades de hacer negocios legales en Venezuela”. La acusación, presentada en una corte federal de Estados Unidos, señala a la filial de Telefónica por conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero. Sin embargo, Telefónica podrá evitar un proceso penal si cumple con los requisitos del acuerdo alcanzado con el Departamento de Justicia.
Por el momento, directivos de Telefónica S.A. no han emitido comentarios al respecto.