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La solicitud de juicio político de censura fue presentada en la Asamblea Nacional (Parlamento) tras reunir 58 firmas de legisladores del correísmo, el derechista Partido Social Cristano (PSC), antiguo aliado electoral de Lasso, y de algunos parlamentarios del movimiento indigenista Pachakutik y de Izquierda Democrática (ID).
La acusación contra Lasso se basa en los presuntos delitos de concusión y peculado (malversación), lo que previamente deberá ser evaluado por la Corte Constitucional para determinar si está debidamente fundamentada y que la Asamblea pueda seguir adelante con el proceso.
Lasso aceptó que la Fiscalía del Estado investigue a su cuñado, el empresario y banquero Danilo Carrera, salpicado por una trama de supuesta corrupción en empresas públicas y con implicados con nexos con una presunta red de narcotráfico.
La reacción del mandatario se dio luego de la filtración de unos audios a través del medio digital La Posta, en los que se escuchan las voces de generales de la Policía sobre el archivo de una investigación reservada denominada “León de Troya”, enfocada en el seguimiento a una supuesta red de tráfico de drogas, en la que aparece una persona cercana al oficialismo.
Con el título “El presidente de la República no solapa (encubre) a nadie”, la Secretaría General de Comunicación del Gobierno publicó un pronunciamiento de respuesta.
En ese escrito, el Gobierno aseguró que el presidente Lasso “nunca ordenó que se archive investigación alguna, y menos reveló a nadie el contenido de una investigación que le hubiese sido comunicado de forma reservada”.
“Si esa investigación luego fue considerada sin méritos, en esa decisión nada tuvo que ver el presidente”, agregó la Secretaría de Comunicación, tras recordar que el fiscal y juez de la causa ordenaron suspender la indagación.
Pese a ello, la Secretaría de Comunicación de la Presidencia aseguró que Lasso pidió a la Fiscalía que el caso fuera abierto nuevamente.
En el escrito, el Gobierno señaló que el presidente ha “solicitado la desvinculación de dos generales de las filas de la Policía”, aunque no precisó sus nombres.
“El Gobierno está enfocado en continuar atendiendo las principales preocupaciones ciudadanas y en precautelar el bienestar de los ecuatorianos”, indicó la Secretaría de Comunicación al concluir su escrito.
La oposición considera que Lasso supuestamente ordenó que se archive la investigación a la presunta red de narcotráfico en la que aparecía el empresario Rubén Cherres, un hombre cercano al oficialismo y presuntamente también a Carrera, que igualmente aparece implicado en el entramado de corrupción en empresas públicas.
El Gobierno ha calificado el informe parlamentario como un “mamotreto” que carecía de “validez jurídica” y que resultaba “un verdadero atentado a la razón y al sentido común”.
Por su parte, Lasso y sus familiares no aparecen en los documentos desclasificados del regulador de empresas del país, dijo el miércoles la entidad, refiriéndose a los archivos que los legisladores de la oposición habían buscado para apuntalar un juicio político.
FUENTE: infobae.com
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