En un informe preliminar, el ente policial no precisó de inmediato las causas del siniestro, aunque familiares de las víctimas informaron a la prensa que eran blanco de personas dedicadas a las extorsiones, un delito que azota a miles de peruanos y que fue tema central en la pasada contienda electoral.
El jefe de la policía peruana, Óscar Arriola, dijo a la prensa que los cuerpos de los integrantes de la familia Vílchez estaban calcinados. Añadió que estaban recabando pruebas. En las afueras de la casa, la familia estacionaba triciclos eléctricos que alquilaban, los cuales quedaron inservibles.
La defensa civil indicó en un comunicado que los menores fallecidos tenían entre cuatro y 15 años de edad, mientras que los adultos tenían entre 29 y 41 años, incluido el abuelo de 62 años.
Varios familiares de las víctimas aseguraron a la prensa que eran extorsionados por personas que querían dinero debido a que dirigían un negocio de alquiler de triciclos eléctricos en una zona comercial cercana.
Según datos oficiales, las extorsiones se producen con intensidad en zonas de clase trabajadora de Perú y agobian a los pequeños negociantes que deben pagar a los delincuentes para evitar que los maten. En 2025 unos 239 transportistas fueron asesinados en Perú, según el observatorio del crimen y la violencia.