Trump quiere que Corte Suprema permita a EPA cancelar subvenciones climáticas de Biden

WASHINGTON (AP) — El gobierno del presidente Donald Trump está apelando ante la Corte Suprema en su intento de recortar 16.000 millones de dólares en subvenciones para un programa climático.

Se trata del mayor caso de cancelación de subvenciones de la historia y uno que podría afectar el impulso de Trump por retirar fondos a las prioridades de gobiernos anteriores.

Los magistrados no han dicho si aceptarán el caso.

Si lo hacen, podría resolver una disputa sobre subvenciones que la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) rescindió en 2025. El gobierno del presidente demócrata Joe Biden otorgó el dinero en virtud de una ley de 2022 para financiar proyectos de energía limpia y acelerar la transición desde los combustibles fósiles.

Trump ha puesto en la mira otras subvenciones, como las que se considera que respaldan la diversidad, la equidad y la inclusión. Un resultado favorable en el máximo tribunal podría ayudar a su gobierno a imponerse en otras demandas sobre subvenciones, según el escrito presentado por el gobierno este mes.

Lo que está en juego es el Fondo de Reducción de Gases de Efecto Invernadero, comúnmente conocido como un “banco verde”. Se eligió a Climate United Fund y a otras organizaciones sin fines de lucro para operar el programa autorizado por la Ley de Reducción de la Inflación de 2022. Si los magistrados declinan aceptar el caso, los grupos podrían recuperar el acceso a su dinero porque un tribunal federal de apelaciones ya falló a su favor.

La EPA canceló las subvenciones de las organizaciones sin fines de lucro poco después del inicio del segundo mandato de Trump en enero de 2025, y el administrador de la EPA, Lee Zeldin, acusó a los grupos de mala gestión y posible fraude.

La demanda de las organizaciones sin fines de lucro sostiene que la EPA infringió la ley y violó la Constitución. Exige acceso al dinero de sus subvenciones para poder administrar el programa. El gobierno afirma que está protegido frente a reclamaciones legales y constitucionales y sostiene que los grupos presentaron su caso ante el tribunal equivocado.

Si los magistrados finalmente se ponen del lado de la EPA, podría “tener implicaciones de gran alcance para la capacidad del gobierno de reconfigurar programas de subvenciones y de poner fin a subvenciones que no impulsen las prioridades de política de un gobierno en particular”, manifestó Romany Webb, subdirectora del Sabin Center for Climate Change Law de la Universidad de Columbia, quien ha respaldado los argumentos de Climate United.

La EPA afirma que los 16.000 millones de dólares en juego constituyen el mayor caso de cancelación de subvenciones de la historia y que esa es otra razón por la que amerita la revisión de la Corte Suprema.

Hasta ahora, los tribunales han intentado frustrar las prioridades del gobierno, escribió la EPA en su petición a la Corte Suprema.

La EPA y Climate United declinaron hacer comentarios.

En agosto, una corte federal de apelaciones en Washington, dividida, falló a favor de las organizaciones sin fines de lucro y dijo que el gobierno terminó indebidamente las subvenciones. El desembolso de cualquier dinero se pausó para darle a la Corte Suprema la oportunidad de pronunciarse.

Los magistrados fallaron recientemente a favor del gobierno en decisiones sobre subvenciones canceladas de los Institutos Nacionales de Salud y sobre subvenciones para capacitación docente.

El gobierno ha construido sus argumentos en torno a la Ley Tucker, que otorga al Tribunal de Reclamaciones Federales autoridad exclusiva sobre disputas contractuales. Ese tribunal puede conceder dinero, pero no ordenar al gobierno que realice determinadas acciones de la manera en que sí pueden hacerlo los tribunales federales.

Las organizaciones sin fines de lucro argumentaron que la forma en que la EPA canceló las subvenciones no anuló un contrato con el gobierno federal, sino que se hizo de manera ilegal y socavó el gasto en programas completos que el Congreso había exigido, una violación constitucional. El gobierno sostiene que el asunto es una disputa contractual.

El uso amplio de cancelaciones contractuales por parte del gobierno para aplicar políticas es un enfoque novedoso, según Bob Wagman, presidente del Colegio de Abogados del Tribunal de Reclamaciones Federales y socio del bufete White & Case.

“Me horroriza pensar que los únicos programas que podrían respaldarse tengan una vida de cuatro años”, expresó, y mencionó la investigación sobre el cáncer como ejemplo de un programa de subvenciones que necesitará más tiempo que un solo gobierno para dar resultados. “Simplemente no es bueno para el país”.

Zeldin dijo el año pasado a Fox News que sospechaba que el banco verde “era un caso clarísimo de despilfarro y abuso”.

La jueza federal de distrito Tanya Chutkan señaló que, cuando se le pidió al gobierno evidencia de fraude, la EPA no la aportó y cambió su postura hacia preocupaciones más generales sobre el nivel de supervisión del programa. Chutkan indicó que el gobierno no puede terminar los contratos en violación de la ley y que los grupos deberían tener acceso a parte de su dinero congelado, que se mantiene en una cuenta en Citibank.

El gobierno ha insistido con firmeza en que nada lo obliga a otorgar estas subvenciones a estos grupos.

La aprobación de la Ley de Reducción de la Inflación creó el banco verde. El proyecto de ley de impuestos y gasto de Trump, aprobado el año pasado, rescindió parte de la ley que estableció el banco y el dinero que aún no se había comprometido con sus destinatarios. La EPA ha dicho que esos cambios significan que no debería tener que liberar ningún dinero a los grupos.

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La periodista de The Associated Press Jennifer McDermott en Providence, Rhode Island, contribuyó a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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