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SUSCRIBITECIUDAD VICTORIA, México (AP) — En marzo de 2013, nueve personas fueron secuestradas en la central de autobuses de la capital de Tamaulipas, estado fronterizo con Texas. Sus cadáveres aparecieron desmembrados en una camioneta. El crimen, como otros muchos ocurridos en México, quedó sumido en el silencio, hasta ahora.
Esta semana una sentencia judicial reveló la participación directa de policías del estado en el multihomicidio, algo que se confirmó también en otras masacres que tuvieron lugar en esa década en la esquina noreste del país. Algunas empiezan a tener justicia, aunque sea parcialmente. Otras todavía no.
Un juez mexicano condenó a siete policías de Tamaulipas con penas entre 50 y 61 años por el secuestro de esas personas y por delincuencia organizada. Según informó el lunes la fiscalía federal en un comunicado, los condenados se llevaron a las víctimas y las entregaron a un cártel.
La fiscalía identificó a los sentenciados sólo con su primer nombre y sin decir su profesión pero una autoridad federal conocedora del caso, que pidió el anonimato por no tener autorización para hacer declaraciones, confirmó el martes a The Associated Press que los condenados son siete policías de una unidad ya extinta dependiente de la fiscalía del estado y que se dedicaba a localizar coches robados.
Todavía se desconoce quiénes eran los muertos. Los autobuses en los que viajaban se dirigían a la frontera estadounidense.
La sentencia es vista como un ejemplo más de cómo la delincuencia organizada impuso un manto de silencio durante años y mantenía bajo su control a numerosas autoridades y policías de Tamaulipas, algo que seguía ocurriendo, al menos, hasta 2021, cuando 19 personas fueron asesinadas y calcinadas y once policías fueron sentenciados por ello.
Pero entre 2010 y 2013 fueron los años más violentos porque el cártel de Los Zetas, el grupo que nació como brazo armado del Cartel del Golfo, libraba una sangrienta batalla contra sus mentores por controlar un estado estrátegico para todo tipo de tráficos ilegales, incluido el de migrantes, por ser la ruta más corta entre Centroamérica y Estados Unidos.
Tamaulipas saltó a las portadas de la prensa internacional por sonadas masacres de las que solo se ha hecho justicia parcialmente, según las organizaciones de víctimas. Muchas de ellas involucraban traslados de personas en autobuses hacia la frontera con Estados Unidos.
En agosto de 2010, Los Zetas asesinaron a 72 personas, en su mayoría centroamericanos, en la localidad de San Fernando, después de que se negaran a unirse a sus filas. La investigación sobre la mayor masacre contra migrantes ocurrida en México también involucró a policías. Una de las últimas detenciones fue en 2022. En 2025 tres miembros de los Zetas fueron condenados por ese crimen.
A partir de 2011 se localizaron decenas de fosas clandestinas en esa misma localidad con casi 200 cadáveres, la mayoría también eran migrantes. Muchas de ellas jóvenes que, según las autoridades, los Zetas bajaban de autobuses pensando que eran aliados del Cártel del Golfo y en ocasiones eran obligados a luchar a muerte entre ellos mismos. En 2024, once hombres fueron sentenciados a 50 años de prisión vinculados a más de un centenar de asesinatos.
En enero de 2021, en el municipio de Camargo, próximo a la frontera con Texas, 19 personas —de las cuales 16 eran guatemaltecas— fueron asesinadas a balazos y posteriormente incineradas cuando eran trasladadas hacia la frontera para cruzar ilegalmente a Estados Unidos. En esa ocasión la presión internacional hizo que hubiera resultados y a finales de 2023, llegó la sentencia de los once policías de un polémico cuerpo estatal de operaciones especiales.
Otros muchos casos de la misma época siguen en el olvido porque, como han denunciado colectivos de buscadoras, las autoridades tardaron años en reconocer la magnitud del problema.
Ángeles Rodríguez, de Ciudad Valles —en el vecino estado de San Luis Potosí— lleva 16 años buscando a su hermano Rafael, chofer de un autobús que desapareció el 17 de marzo de 2010 con más de 30 personas en una carretera de Tamaulipas junto a la frontera de Estado Unidos. Según Rodríguez, los pasajeros del bus eran migrantes que buscaban una vida mejor en el país vecino.
“Fue el primer autobús que desapareció" cuando se dividieron los Zetas y el Golfo y ambos cártles estaban reclutando gente, explicó la mujer vía telefónica. “Eso yo lo llegué a saber en el 2015", agregó. Se lo explicaron las autoridades cuando presentó la denuncia.
Desde entonces hubo “un montón de omisiones”, agregó. Entre ellas, la pérdida del expediente. Solo en los últimos años, su colectivo comenzó a tener apoyos en las búsquedas “pero no avances en líneas de investigación”.
El martes, la mujer y otros miembros de su colectivo, llamado “Pirasol” —el nombre de la empresa del bus— repartían volantes en Ciudad Valles para seguir buscando pistas y recordar la efeméride de uno de los muchos casos que, pese al número de las víctimas, nunca estuvo en la memoria de los mexicanos.
Igual que el crimen que esta semana empezó a tener justicia.
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La periodista de The Associated Press, María Verza, colaboró con esta nota desde Ciudad de México.
FUENTE: AP
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