Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.
SUSCRIBITEWASHINGTON (AP) — Antes de hacerse cargo de la extensa investigación del Departamento de Justicia sobre los adversarios del presidente estadounidense Donald Trump, Joe diGenova deploró la falta de avances para presentar acusaciones.
Cinco meses después, DiGenova ha dejado su cargo sin presentar un solo cargo, lo que ensombrece el futuro de una investigación que ha entusiasmado a comentaristas de derecha ansiosos por demostrar una teoría poco definida de una conspiración del “Estado profundo” para derribar al presidente republicano.
Funcionarios del Departamento de Justicia siguen adelante pese a la salida de DiGenova, con una oleada de citaciones a exfuncionarios de las fuerzas del orden y de inteligencia que se espera produzca testimonios ante un jurado investigador en las próximas semanas en Fort Pierce, Florida, sede judicial de una jueza federal designada por Trump y considerada afín.
Sin embargo, si finalmente alguien será acusado, y de qué, sigue siendo una incógnita. Los investigadores enfrentan no solo obstáculos legales y sacudidas de personal, sino también una Casa Blanca impaciente tras más de un año de avances y retrocesos.
La investigación conocida de manera coloquial como la “gran conspiración” es el ejemplo más claro hasta ahora de los esfuerzos del gobierno de Trump por aprovechar las facultades de las fuerzas del orden para ejecutar represalias contra los adversarios del presidente. La turbulencia que ha definido la pesquisa deja al descubierto una brecha conocida entre las exigencias de la Casa Blanca de actuar con rapidez y la capacidad del Departamento de Justicia de convertir la letanía de agravios del presidente en un caso susceptible de enjuiciamiento.
La investigación siempre ha sido una tarea difícil, pues busca entrelazar pesquisas separadas del FBI sobre Trump —incluidas las relacionadas con la interferencia rusa en las elecciones y con la retención de documentos clasificados en su residencia de Mar-a-Lago, en Palm Beach, Florida— en un relato coherente de una conspiración gubernamental. Intentos previos de investigar a los investigadores no lograron descubrir el tipo de conducta delictiva que la pesquisa por conspiración pretende demostrar.
“La idea de conectar todas esas investigaciones distintas en una sola conspiración no tiene fundamento”, manifestó el fiscal federal retirado Randall Eliason. “Y luego, quizá más importante, no hay base para alegar que alguna de ellas haya sido realmente un acto criminal contra Trump. Todas han sido verificadas y respaldadas de una u otra manera”.
Si el mandato es inusual, también lo fue la persona elegida para encabezarlo.
DiGenova, de 81 años, fue un fiscal destacado en la administración del presidente Ronald Reagan, pero llevaba décadas fuera del gobierno. Acaparó titulares en 2020 después de decir que un funcionario de ciberseguridad que dio fe de la legitimidad de la elección que Trump perdió frente al demócrata Joe Biden debía ser “descuartizado”. DiGenova se disculpó después de que lo demandaron.
Como un destacado promotor de la teoría de que Trump fue víctima de una conspiración del “Estado profundo”, DiGenova fue nombrado en abril poco después de que Trump destituyó a Pam Bondi como secretaria de Justicia porque batalló para procesar a sus adversarios.
El nombramiento fue celebrado por aliados de Trump que consideran la pesquisa un ajuste de cuentas largamente esperado contra exfuncionarios que, según creen, perjudicaron al presidente. El secretario de Justicia Todd Blanche, quien tomó las riendas del departamento tras el despido de Bondi, también pregonó la llegada de DiGenova y escribió en redes sociales: “¡Bienvenido a la pelea, Joe!”.
Para el 10 de septiembre, DiGenova ya se había ido en medio de la frustración del gobierno de Trump por el ritmo y la gestión de la pesquisa. Sus comentarios de despedida sugirieron que no veía un camino hacia acusaciones inminentes.
“Si quieren acusaciones cuando no hay pruebas, tienen un problema ético”, declaró al New York Post.
DiGenova dijo a The Associated Press que esos comentarios fueron sacados de contexto y añadió: “Hay muchas pruebas en todos estos casos para sustentar las teorías de la acusación. Simplemente lleva tiempo llegar ahí, y algunas personas quieren llegar un poco más rápido que otras, y no se puede hacer eso”.
DiGenova juró al cargo días después de que una fiscal de carrera especializada en seguridad nacional, Maria Medetis Long, fue apartada del equipo investigador tras expresar preocupaciones sobre una investigación al exdirector de la CIA, John Brennan.
Un abogado de Brennan ha aprovechado la agitación, señalando las salidas como prueba de que los fiscales que han evaluado las pruebas no quedaron convencidos y fueron apartados por un Departamento de Justicia que busca acusaciones a toda costa.
“He pasado décadas dentro y alrededor del Departamento de Justicia. Nunca siquiera concebí una situación como esta”, afirmó el abogado Ken Wainstein, en la que el Departamento de Justicia “está intentando descaradamente incriminar a alguien por un delito que es pura ficción”.
Hizo esos comentarios ante un juez la semana pasada, al advertir a los fiscales que tenía la intención de impugnar cualquier acusación contra Brennan con el argumento de que se trata de una persecución por ánimo de venganza.
El Departamento de Justicia no ha anunciado un reemplazo para DiGenova, pero un equipo de fiscales y agentes sigue trabajando, incluido Kurt Olsen, un abogado que en 2020 presionó sin éxito al Departamento de Justicia para que respaldara las falsas afirmaciones de Trump sobre fraude electoral.
Mientras el Departamento de Justicia se tambaleaba el año pasado por el manejo fallido de los archivos de Jeffrey Epstein, funcionarios ansiosos por cambiar de tema anunciaron una nueva investigación y una directiva de Bondi, entonces secretaria de Justicia, para presentar pruebas ante un jurado investigador.
El tema difícilmente sorprendió a cualquiera que siguiera los agravios de Trump.
El mandatario lleva mucho tiempo indignado por una evaluación de la comunidad de inteligencia de Estados Unidos que concluyó que Rusia interfirió a su favor en las elecciones de 2016, incluso robando correos electrónicos demócratas políticamente perjudiciales y orquestando su difusión a través de WikiLeaks, y pasó gran parte de su primer mandato bajo la sombra de una investigación sobre si su campaña se había confabulado con Moscú.
Un informe de 2019 del fiscal especial del Departamento de Justicia describió una interferencia rusa de amplio alcance, pero determinó que no había pruebas suficientes para demostrar una conspiración criminal entre Rusia y la campaña de Trump.
Investigaciones posteriores de un inspector general y de fiscales del Departamento de Justicia identificaron errores de agentes del FBI, pero no hallaron evidencia de conducta delictiva por parte de altos funcionarios de las fuerzas del orden ni pruebas de una conspiración contra Trump.
Frustrado por esos resultados, Trump ha intensificado sus exigencias de represalias, llamados que el Departamento de Justicia atendió al ordenar que los fiscales recurrieran a un jurado investigador. Se asignó a un equipo en Florida la tarea de buscar una conspiración.
Los posibles objetivos de la investigación por conspiración no están claros, aunque abogados de Brennan han dicho que les informaron que él es uno de ellos, y que los fiscales examinan si engañó al Congreso durante su testimonio sobre la evaluación de la comunidad de inteligencia. Brennan y sus abogados niegan esa acusación.
Los investigadores han profundizado en los orígenes de la pesquisa sobre Trump y Rusia, y a los testigos se les ha preguntado sobre la elaboración de la evaluación de la comunidad de inteligencia y sobre lo que se conoce como el “dossier Steele”, una recopilación de archivos de investigación sobre Trump y Rusia elaborada por un exespía británico que incluía rumores escabrosos y afirmaciones no comprobadas.
Durante el curso de la investigación se han emitido citaciones para registros o testimonios a una amplia gama de exfuncionarios del FBI y de inteligencia involucrados en el caso de Rusia, incluidos el exdirector de inteligencia nacional James Clapper y Brennan, quien fue citado recientemente para comparecer ante el jurado investigador el 15 de octubre.
El Departamento de Justicia, por su parte, ha buscado entrevistar a funcionarios de las fuerzas del orden involucrados en el registro del FBI en 2022 en Mar-a-Lago por documentos clasificados. Ese registro sustentó una acusación contra Trump que finalmente fue desestimada por Aileen Cannon, una jueza designada por Trump, cuyo tribunal en Fort Pierce es donde el Departamento de Justicia ancló su investigación, una medida que Wainstein ha calificado de “búsqueda de juez”.
Pese a la agitación de la investigación, no hay razón para esperar que el Departamento de Justicia dé marcha atrás dadas las presiones políticas, señaló John Fishwick Jr., exprocurador de Virginia.
“El presidente Trump quiere acción en ciertos casos, y este parece ser uno de ellos”, expresó.
_____________
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
FUENTE: AP
Suscribite a nuestro Newsletter
