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La Junta Comunitaria de la barriada La Perla, ubicada en el Viejo San Juan, denunció hoy la determinación de la Legislatura Municipal de San Juan y el alcalde Miguel Romero de ceder, en arrendamiento de un dólar anual durante 10 años, la principal estructura histórica de la comunidad a una organización sin fines de lucro para el establecimiento de un gimnasio.
Según Yashira Gómez, presidenta de la Junta Comunitaria, la decisión de la Legislatura Municipal no fue consultada con la comunidad a pesar de que han sostenido reuniones con el alcalde en las que le han expresado su interés por rehabilitar la estructura que en el pasado sirvió de biblioteca electrónica y centro de actividad cultural de la comunidad.
“Esta estructura construida en el siglo 18, que tradicionalmente se ha conocido como El Matadero, fue declarada patrimonio histórico por el Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP) hace muchos años. En innumerables ocasiones le expresamos al alcalde nuestro interés en que se rehabilitara y que inclusive, habíamos hecho acercamientos a profesionales de la ingeniería, la arquitectura y el sector privado para establecer un comité de trabajo que, en alianza con el gobierno, le devolviera el brillo a esta estructura”, recalcó Gómez.
La propuesta de la Junta Comunitaria va dirigida a convertir el espacio en un museo histórico y un centro de visitantes que les permita formalizar los recorridos guiados que se iniciaron luego de la revitalización de fachadas del 2017 en alianza con múltiples empresas locales, así como en una sala de enseñanza de instrumentos musicales que interesaba apadrinar la fundación del cantante Luis Fonsi.
Gómez denunció que la alegada organización sin fines de lucro a la cual se le cedió la estructura histórica pertenece a un grupo de personas que hace cinco años estableció un gimnasio en la comunidad. “No son residentes y nunca estuvieron relacionados con la comunidad. Estos fundaron una organización sin fines de lucro denominada Angela Magana Fit 4 life Club, también conocida como Team La Perla Boxing”, indicó.
Según trascendió públicamente, dicho gimnasio fue financiado por uno de los beneficiarios de la Ley 22 y también YouTuber, Jake Paul, quien ha manifestado en las redes sociales que solo se mudó a la isla para no pagar impuestos, añadió Carmen Lourdes López, vicepresidenta de la Junta Comunitaria.
Según la presidenta de la Junta Comunitaria, ningún funcionario del Municipio, incluyendo alcalde, les convocó para conocer el sentir de la comunidad. “No solo es un atentado a la conservación de nuestra historia, sino que denota el menosprecio por lo que podría ser el inicio de esfuerzos por sacarnos de nuestra comunidad o la llamada gentrificación que ya amenaza otros sectores de San Juan y el resto de la isla”, apuntó Gómez quien exigió que se revoque la ordenanza municipal y en su lugar, se identifiquen fondos para la rehabilitación de la estructura.
Romero, por su parte, aseguró que no hay una decisión final. “Hay una propuesta y autorización para entrar en un acuerdo con el que estaba manejando el gimnasio de boxeo. No se ha otorgado contrato”, aseguró a el Nuevo Día.
Añadió que el liderato comunitario se reunirá mañana, viernes, con el equipo legal del Municipio. La resolución municipal fue aprobada el pasado 5 de agosto y lleva la firma del alcalde. “La comunidad tiene un sentido de protección e integridad de estos edificios que cuentan su historia y no quisieran que esto se pierda en la ecuación”, reconoció Romero.
El documento establece que la organización “tiene la intención de desarrollar programas extraescolares, de alcance comunitaria, así como otros proyectos comunitarios para el beneficio de los muchos miembros que provienen de hogares de bajos ingresos”. Se agrega en la resolución que la organización será responsable del mantenimiento del espacio, así como del pago de las utilidades. Igualmente, no podrá variar el uso de la propiedad.
FUENTE: elnuevodia.com
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