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SUSCRIBITECIUDAD DE GUATEMALA (AP) — Autoridades de varios pueblos indígenas en Guatemala protestaron el jueves para exigir la liberación de dos líderes originarios presos desde hace un año acusados de presunto terrorismo luego de encabezar las protestas del 2023 contra la fiscal general Consuelo Porras y en defensa de la democracia en el país centroamericano.
Vestidas con sus trajes regionales y con la vara —símbolo de autoridad indígena— marcharon hasta la sede del Ministerio Público para pedir que se termine con la criminalización de los pueblos indígenas. Luego fueron a la Corte de Constitucionalidad donde exigieron que se declare inconstitucional un pasaje del Código Penal que se utilizó, según ellos, para solicitar las detenciones de los dirigentes y la presidencia donde fueron atendidos por el mandatario Bernardo Arévalo.
Luis Pacheco y Héctor Chaclán, que en 2023 eran presidente y tesorero de la organización los 48 Cantones de Totonicapán —una de las organizaciones indígenas más grandes de Guatemala— fueron detenidos el 23 de abril de 2025 tras varios allanamientos ordenados por la fiscalía, que los acusó de los presuntos delitos de terrorismo, asociación ilícita y obstaculización a la acción penal en relación con las protestas en 2023 que paralizaron el país durante 20 días.
Ambos líderes, que siguen a la espera de un juicio, afirmaron la víspera a The Associated Press que son inocentes y que no cometieron actos de terrorismo. Señalaron que las protestas de ese año fueron en defensa de la institucionalidad y democracia en el país ante las acciones de la fiscalía que buscaban impedir el arribo al poder de Arévalo.
“No vamos a permitir que la prisión preventiva (que tienen Pacheco y Chaclán) se convierta en una condena anticipada”, dijo Eduardo Crecencio Tax, actual presidente de 48 Cantones, en declaraciones junto al presidente Arévalo.
El mandatario señaló que la detención de ambos activistas indígenas por parte del Ministerio Público fue “por defender nuestra democracia, por personas cuyo régimen de abuso y miedo está por terminar”. Fue una referencia al fin del mandato de Porras previsto para mediados de mayo.
“La criminalización ha causado dolor a muchas familias”, afirmó el presidente. Durante la gestión de Porras, que lleva ocho años en el cargo, por lo menos 130 ex operadores de justicia, periodistas, defensores de derechos humanos se han exiliado del país.
Pacheco y Chaclán permanecen en un centro de detención preventiva dentro de un complejo militar en Ciudad de Guatemala, vigilados por guardias penitenciarios.
“No hay ningún arrepentimiento, nunca hicimos nada malo”, sostuvo Pacheco a la AP el miércoles. “No fue algo personal, fue una acción delegada por la comunidad en asamblea, un servicio al pueblo”, y que ”gracias a ellas muchas autoridades lograron tomar posesión de sus cargos y los ejercen hoy”.
En diciembre del año pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos advirtió sobre una crisis institucional, especialmente por acciones de la fiscalía y la persecución judicial a operadores de justicia, periodistas, defensores de derechos humanos y líderes sociales, mencionando en particular el caso judicial de Pacheco y Chaclán.
FUENTE: AP
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