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SUSCRIBITEQUITO (AP) — La plaza y calles aledañas de una pequeña población minera del sur de Ecuador lucieron copadas el miércoles por cientos de trabajadores y habitantes que protestaron por la suspensión de las actividades mineras dispuesta por el gobierno que alegó un grave impacto ambiental.
La interrupción indefinida de las operaciones en las minas de las provincias de Napo, en la Amazonía, y El Oro y Loja, en la zona sur fronteriza con Perú, fue anunciada el lunes por el Ministerio de Ambiente debido a los altos niveles de contaminación en tres ríos y ecosistemas producto de la minera ilegal.
Vestidos de blanco y portando carteles en defensa de la actividad productiva, cientos de trabajadores y pobladores de al menos tres pequeñas ciudades mineras de la provincia de El Oro se congregaron en Portovelo, 400 kilómetros al sur de la capital.
“Son miles de perjudicados, están arrojando a nuestra gente al desempleo”, reclamó ante los asistentes la alcaldesa de Portovelo, Yulissa Aguilar, y aseguró que más del 80% de la población depende directa e indirectamente de la actividad.
También Danilo Castillo, representante de una concesión minera, reclamó que “no se puede cerrar y catalogarnos de ilegales cuando el mismo Estado nos ha entregado la concesión”. Pidió levantar la medida y no afectar a las operaciones “regularizadas”.
Según Castillo, más de 80.000 familias de la provincia orense con más de 700.000 habitantes dependen directa o indirectamente de la actividad minera.
“Aquí nos encontramos comerciantes, transportistas, el pueblo que dependemos de esta actividad y si se paraliza miles de familias nos quedamos sin trabajo”, declaró a diario El Correo, Manuel Tapia, propietario de un local de comida.
Pablo López, dirigente minero, dijo a la prensa que el Estado ha recibido, entre junio del año pasado — cuando se fijó la nueva tasa — y enero al menos 230 millones de dólares como regalías.
El viceministro de Gobierno, Christian Mora, quien atendió vía telemática a los dirigentes, ofreció mediar con la autoridad ambiental en busca de una solución y dijo que visitarán la población la siguiente semana.
Organizaciones ambientalistas sostienen que la contaminación por la minería ilegal ha causado enfermedades en miles de pobladores de las riberas de los ríos, como alergias, abortos, malformaciones, entre otras, y denuncian que las concesiones se entregan irregularmente en los organismos de control.
La minería ilegal se ha expandido en el país andino pese a que fue declarada en 2023 como amenaza para el Estado y está vinculada a organizaciones criminales atraídas por los altos costos del oro, aumentando la violencia y problemas sociales en las zonas mineras.
FUENTE: AP
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